Este 1 de octubre representantes del Instituto de Defensa Legal (IDL) expondrán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave crisis en la que está sumido el sistema de justicia de nuestro país. Asimismo, se plantearán los diversos casos de acoso que desde el Congreso y la Fiscalía se ha hecho al periodismo de investigación.
Según el abogado del IDL, Juan José Quispe, la Comisión IDH podría emitir sus recomendaciones en menos de un mes. Si la Fiscalía y el Congreso no las acatan, el caso iría a la Corte IDH y ésta podría imponer sanciones al Estado Peruano ya que sus resoluciones tienen un efecto vinculante de obligatorio cumplimiento.
—¿Qué información importante dará el Instituto de Defensa Legal (IDL) en la audiencia que habrá el 1 de octubre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión-IDH) respecto a nuestro sistema de justicia?
—Primero se dará cuenta de la grave crisis del sistema de justicia a raíz de lo que se ha descubierto actualmente, la red de corrupción de los audios de los magistrados del Poder Judicial (PJ) del Ministerio Público (MP), de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) respecto de los actos de corrupción dentro de cada uno de estas instituciones que forman parte de la administración de justicia del país.
—Entiendo que también habrá una exposición sobre la libertad de prensa y expresión ¿qué información se dará en estas materias?
— Ese es el segundo punto que es la violación de la libertad de expresión de parte del MP y de parte del Congreso en el entendido de como usted sabe el portal IDL-Reporteros -que forma parte del IDL- fue el ente que difundió por primera vez estos audios denominados de la vergüenza e inmediatamente tuvo una respuesta furibunda de parte del MP y que vinieron acá a nuestras oficinas y con una orden fiscal y con policías para prácticamente llevarse los audios que tuvieron en su poder el señor Gustavo Gorriti y el equipo de IDL-Reporteros y que finalmente se entregaran también las fuentes que habrían proporcionado esos audios.
— Una vez que la Comisión escuche esta información, ¿qué seguiría?
—Primero van a emitir una disposición y van a establecer si efectivamente el Estado ha violado sus obligaciones internacionales -básicamente la Fiscalía y el Congreso- y va a hacer una serie de recomendaciones para que vuelvan al estado en que estuvieron, es decir, para que se eviten estas malas prácticas y el Estado se comprometa a que no hacer este tipo de acciones contra periodistas de investigación y finalmente le va a decir al Estado peruano que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte – IDH) sobre estos avances en las recomendaciones que de la Comisión.
—El Estado peruano también enviara a sus representantes, pero, ¿a quién enviará a personal del MP o del Ejecutivo porque las posiciones de estos han sido diferentes?
—Ese es un tema que debe decidir el Estado y como usted bien lo refiere una cosa es el Ejecutivo y otra es el Poder Legislativo y el MP, todos entes autónomos, que forman parte del Estado, pero, que cada uno tiene una posición actualmente bastante discordante. El Ejecutivo incluso está pidiendo un referéndum y el Congreso no quiere y lo está entrampando, entonces, vamos a ver que personas van a designar para ver si el Estado va a allanarse y va decir si efectivamente hay algunas obligaciones y vulneraciones internacionales o simplemente va a salir a atacar a los organismos de derechos humanos o los medios de comunicación.
—¿Se podría lograr que se pida que el Fiscal de la Nación dé un pasado al costado debido a su involucramiento en los audios?
—Yo creo que si la Comisión IDH entiende que hay demasiados cuestionamientos a un organismo que es autónomo como el MP que de acuerdo a su ley orgánica y a la Constitución tiene el deber no solo de probar la carga de la prueba en un juicio oral, el deber de velar de los derechos de los ciudadanos le haga una exhortación a que atiendan los pedidos de la sociedad civil. No le puede decir directamente que se aparte porque no está en su competencia, pero, podrá formular recomendaciones sobre estas actuaciones bastante vedadas que hasta la fecha tiene el MP.
—Si estas recomendaciones no se cumplen ¿cuáles serían las consecuencias?
—Si no se cumplen, finalmente se puede llegar a la Corte IDH. Si es que el Estado persiste en su violación a los derechos de los periodistas, al sistema de justicia y demás, la Corte IDH más adelante puede emitir una resolución que si tiene que ser cumplida, toda resolución de la Corte IDH tiene un efecto vinculante de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano.
—Si esta resolución de la Corte no se cumple, ¿cuál sería la consecuencia para el Estado peruano?
—Ahí si vienen las sanciones hacia el Estado peruano. La Comisión IDH es como la Fiscalía y la Corte IDH como el PJ, entonces, si tenemos en cuenta eso y el Estado está sometido a la competencia contenciosa administrativa de la Corte IDH es perfectamente pasible como usted ha visto en otros casos de derechos humanos en los que la Corte ha hecho una suerte de sanciones al Estado peruano más allá de las recomendaciones iniciales hechas por la Comisión.