La develación de los audios de la corrupción significó un paso adelante en la lucha contra esa lacra que afecta a la sociedad peruana. El periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros y artífice de esa gran revelación periodística, afirma en la siguiente entrevista que la movilización ciudadana es la respuesta a la inmunidad que ostentan los altos cargos del Estado.
—¿Qué tan letal es para la democracia la relación entre el fujimorismo y los organismos de justicia?
—Hay un problema mayor. La relación de la que me hablas es parte de un problema mayor, que es la profunda corrupción que existe en el sistema de justicia, que es el que hemos sacado a la luz con la investigación que hemos publicado desde julio. Entonces, la relación que existe con el fujimorismo es un síntoma de este proceso mayor de
corrupción.
—En ese proceso también se aprecia que Fuerza Popular, la principal fuerza política del Congreso, protege al fiscal Chávarry. ¿Qué te induce a pensar esta situación?
—Ha habido un apoyo a Chávarry que tiene, obviamente, cuestionamientos serios y graves que se han dado por parte del fujimorismo. A mi entender, la respuesta a esta pregunta es parte de la respuesta a la primera. Lo que nosotros hemos investigado en relación a la corrupción en el sistema de justicia comprende, precisamente, el que se establezcan toda una serie de redes y complicidades, estratégicas, para protegerse mutuamente y poder consolidar instituciones corruptas dentro del sistema de justicia.
—Y eso tiene que ver también con las posibles denuncias que se puedan presentar contra la señora Fujimori, ¿no es cierto?
—Es probable.
—Hemos visto que en los últimos días el fiscal Chávarry abrió investigación contra el exministro Thorne. Y, por otro lado, una comisión del Congreso anuncia que probablemente cite al presidente Vizcarra por el tema del aeropuerto de Chinchero. ¿Cómo evalúas esta situación?
—No es algo que requiera hacer un gran esfuerzo mental para evaluarlo. Está muy claro que dentro de la oposición se está marchando a una confrontación con el presidente Vizcarra. El fujimorismo está buscando las diversas maneras de presionar y contraatacar a Vizcarra.
—Todos sabemos que la inmunidad protege a los altos cargos en el país. ¿Cómo hacer en estas circunstancias para destituir a los que están incursos en delitos penales?
—La misma evolución de los acontecimientos puede responder a esta pregunta. La presión, la indignación social que ha habido, ha sido un factor muy importante para inducir a respuestas dentro de las propias instituciones comprometidas en la investigación, como el Poder Judicial y la propia Fiscalía de la Nación. Y dentro del Congreso ahora hay una posición mucho más activa de parte de aquellos grupos que buscan desmarcarse de la manera más nítida posible de la corrupción que existe. No hay una respuesta sencilla a esto. Obviamente, la correlación de fuerzas, la configuración de mayorías y minorías que hay, pero parte de la respuesta es la que se da a través del periodismo de investigación, a la luz de nuevos hechos que revelen la realidad, la corrupción que existe en las instituciones; y, a la vez, la presión social que como resultado de este nuevo conocimiento se da.
—Hay quienes opinan que será la movilización ciudadana la que saque a estos personajes corruptos. ¿Tú qué opinas de esto?
—Creo que la presión ciudadana es una parte sumamente importante de la respuesta a esta situación.
—Algunos opinan que la Comisión Lava Jato excluye a Alan García por favorecimiento político. ¿Estás convencido de eso o tienes otra opinión?
—No se trata de estar convencido, sino de actuar de acuerdo con lo que la evidencia indica. Y lo primero que yo podría decir es que la llamada Comisión Lava Jato es una contradicción de términos. Yo quisiera saber qué cosa ha investigado.
—Eso evidenciaría una alianza en el Congreso, en todo caso…
—No sé si es una alianza, una complicidad o incompetencia, incapacidad o una combinación de todas ellas.
—¿Tú crees que Alan García debería ser investigado realmente, cosa que no ha ocurrido en los últimos años?
—No necesito responder esta pregunta. Todo personaje público, especialmente quienes han manejado los bienes y el destino de la nación en los más altos cargos, obviamente deben ser escudriñados y, cuando sea necesario, investigados a fondo, especialmente si es que hay algunos factores persuasivos, incluso convincentes que los asocien a posibles actos de corrupción.
—¿Cosa que ocurre con García?
—Cualquiera, cualquiera, en una circunstancia así sería pasible de investigación. Y no hay ninguna razón para que Alan García pueda ser exceptuado de ello.
