Este artículo es de hace 2 años
Férrea voluntad

José Domingo Pérez, el fiscal que siempre ha demostrado valentía

José Domingo Pérez en la mira de los que quieren frenar el avance de la justicia.

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Pocas veces en la historia judicial del país la escasamente férrea voluntad de la justicia ha logrado sentar en el banquillo de los acusados a la omnipotencia de la corrupción, con una carga probatoria tan bien fundamentada, como la que ha formulado el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Sofía Fujimori, que le ha permitido solicitar hasta 30 años y 10 meses de pena privativa de libertad por el delito de lavado de dinero, liderar una organización criminal y otros.

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Más de 112 tomos de elementos de prueba que contiene el total del expediente, contenidos en cerca de 17 mil folios solo han podido ser acopiados como consecuencia de un descomunal trabajo titánico, paciente e indoblegable del singular representante del Ministerio Público; donde este ha demostrado la recepción personal de dinero ilícito de parte de Keiko Fujimori y su cónyuge Mark Vito Villanela señalando lugar, fecha, nombre de los otorgantes, así como la documentación de salida del mismo, al igual que respecto de sus 40 coacusados, como ya hemos detallado en columna anterior.

Nada de esto hubiese sido posible sin la épica labor de Domingo Pérez, a quien, durante las audiencias de prisión preventiva de hace un tiempo, vimos enfrentar a una docena de aparatosos abogados; haciendo gala de firmeza, fuerza expresiva, ensamblados discursos y rápidos reflejos para la réplica. Pero, sobre todo: valentía, denuedo y coraje. Virtudes que escasean en los magistrados que deben enfrentar a la corrupción en el poder; ya que, cuando se trata de candidatos presidenciables, gobernantes o exgobernantes, lo primero que les invade es el temor a la represalia, a poner en riesgo su puestecillo de trabajo, o el servilismo más ramplón; pensando en congraciarse para merecer después ayuda en futuros ascensos, o trabajo en el Estado para sus allegados; si es que no se trata de viles intereses crematísticos de por medio.

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Muy por el contrario, el indoblegable fiscal ha demostrado la mayor valentía desde el inicio, donde tuvo el coraje de solicitar la prisión de Keiko Fujimori en el año 2018, cuando ésta hacía ostentación inmisericorde del poder demoledor de sus 73 congresistas, con los que declaró la guerra política al país, así como de sus vinculaciones con los “Cuellos Blancos” en la misma cúpula del entonces Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial y la propia Fiscalía de la Nación, a cargo entonces del inefable Pedro Chávarry, contra quien el aguerrido fiscal no tuvo temor alguno de disponer el allanamiento y lacrado de sus oficinas, generando que Chávarry opte por la desesperación de volver a introducirse clandestinamente en las mismas para extraer los elementos probatorios de sus vinculaciones mafiosas; delitos por los cuales el Congreso actual se niega a ahora a inhabilitarlo.

keiko domingo
José Domingo Pérez Gómez
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En esas audiencias de prisión preventiva, así como en las que hemos visto hasta el momento, al fiscal no le ha temblado la voz: hasta se ha dado el lujo de ser pedagógico con los 40 atarantadores abogados de la defensa, explicándoles en algunos pasajes de las audiencias públicas, y en forma deletreada, la diferencia entre el estándar probatorio para la prisión preventiva y la condena como si ellos fueran sus alumnos de las aulas de pregrado de la Universidad donde dictó el curso de Litigación Oral.

Pero no solo se trata de Keiko. Gracias a la tenacidad de sus investigaciones, sabemos ahora lo del contrato ficticio del expresidente Alan García para una conferencia de $100 mil dólares, la corrupción nauseabunda de los $45 millones de dólares en sobornos por la Carretera Interoceánica, los $24 millones de dólares en coimas por el Metro de Lima, también en el gobierno de García,  los aportes de campañas a candidatos presidenciales y congresistas de la República; la ruta del soborno de 20 millones del expresidente Alejandro Toledo, el papel del denominado doleiro peruano, Gonzalo Monteverde y sus empresas con la brasileña Odebrecht;  las consultorías de la empresa Wesfield Capital, vinculadas a PPK, el papel de las consorciadas peruanas con Odebrecht y los laudos arbitrales que los abogados mafiosos hacían en favor de la empresa Brasileña.

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Gracias a ese pundonoroso trabajo, la historia judicial y política registra también que el fiscal Domingo Pérez investigó escrupulosamente por lavado de activos al exsecretario del ex presidente Alan García, Luis Nava; hallando indicios de lavado de activos y cohecho pasivo, en el exsecretario y su hijo, José Nava, por haber recibido dinero de Odebrecht a través de contratos ficticios con la empresa de transportes “Don Reyna”; encontrando además cuentas ocultas en la banca privada de Andorra, a nombre del exvicepresidente de la estatal Petro-Perú, Miguel Atala y su hijo, Samir Atala, cuyo destinatario final sería Alan García.

Como consecuencia de tal descubrimiento, el 17 de abril del 2019, ordenó la detención preliminar del expresidente García y los antes mencionados, más Enrique Cornejo y el exdirector de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plascencia, entre otros. Todos investigados por operar mediante una organización criminal dedicada al lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho para beneficiar a Odebrecht durante el segundo gobierno del Partido Aprista. Sin embargo, como bien recordamos, el expresidente decidió tomar la fatal decisión de quitarse la vida durante el allanamiento en su vivienda, para evitar sentarse en el banquillo de los acusados, como en poco tiempo lo estará Keiko Fujimori.

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Volviendo al caso de la hija del exdictador, también sabemos ahora de los 500 mil dólares entregados a Keiko a través de Augusto Bedoya Camere y aumentados a 500 mil a través de Jaime Yoshiyama, según el interrogatorio que le hiciera Domingo Pérez a Jorge Barata, y que salieron de la caja dos de la plata sucia de Odebrecht.

El fiscal ha tenido no solo la valentía, sino también la sagacidad de demostrar el hilo conductor del montesinismo que une a la agrupación de Fuerza Popular con el pasado nefasto del gobierno de su padre, evidenciando la asesoría obstruccionista y delictiva que recibían de Vicente Silva Checa (quien estuvo vinculado a la recepción de dos millones de dólares de Vladimiro Montesinos para la compra de CCN, a fines de los años 90), para sabotear la investigación.

Domingo Pérez ha demostrado también mayor inteligencia y perspicacia que los mañosos abogados de Keiko y compañía, a quienes ha logrado incluir en la acusación al haberlos detectado manipulando los testimonios o amenazando a los testigos para obstruir la actividad probatoria.

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Luego de ver la cruel demolición que la acusada ha hecho de la institucionalidad democrática del país, desde que en el 2016 optara por convertir al Congreso en el bastión de su dictadura parlamentaria, así como su guarida del encubrimiento y la impunidad, tal cual hemos visto con el descarado blindaje de estos días al excontralor Edgard Alarcón, y a los sindicados como “Cuellos Blancos, Tomás Gálvez Villegas y Pedro Chávarry, y en su momento al mismísimo César Hinostroza; no podemos negar la razón que tenía José Domingo Pérez al solicitar, en julio del 2020, la medida cautelar de suspensión de Fuerza Popular. Cuántos dolores hubiesen ahorrado al Perú los jueces que desestimaron el pedido con falaces argumentos alejados de la realidad.  

Pues bien, y como podemos apreciar, tratándose de José Domingo Pérez, estamos ante un verdadero cruzado moderno que viene librando las más épicas batallas judiciales que se han visto en los últimos tiempos; provisto solamente de la firmeza de su verbo e inteligencia innata, blandiendo espartanamente las aceradas armas de la ley penal y procesal, así como el abundante bagaje probatorio acumulado en más de dos años de esforzada investigación.

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Por todo ello ha merecido el odio más encarnizado de la derecha política, sus matonescas huestes y líderes de la corrupción; por eso en algún momento han amenazado a su familia y ha ido a intimidarlo a su casa, por eso en el chat de “La Botica” los congresistas del fujimorismo urdían “chancar”, “joder” y matarlo”; y por eso también Alan García, habría dicho “yo le meto un balazo a este huevón y me mato yo”; de acuerdo con lo revelado por Jorge Barata a Gustavo Gorriti. Recordemos que al momento de su detención García bajó las escaleras provisto de un arma de fuego, la cual usó instantes después para suicidarse.

Sin embargo, a despecho del odio abyecto de la derecha, y como todo singular cruzado de la justicia, José Domingo Pérez ha merecido el reconocimiento de las personalidades honestas del mundo jurídico y académico. Pero también, y, sobre todo, de la ciudadanía, que lo ve como solitaria reserva moral de la institucionalidad del país, que desde siempre parece condenada a la podredumbre eterna. Recordemos nomás la impresionante movilización de la noche del Año Nuevo del 2019 que logró reponerlo en la cargo, cuando fue sacado del mismo, junto a Rafael Vela, por parte de Pedro Chávarry; y no dudamos que ahora la manifestación popular sería mucho más impactante y arrolladora, en caso de que alguien atente contra su vida o integridad física. José Domingo Pérez ya es del Perú.

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Antonio Castillo Colaborador de EL PERFIL
Abogado y analista político. Exintegrante de la Procuraduría Anticorrupción del Perú y exasesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros cargos públicos.
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