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Junta Nacional de Justicia suspende a Tomás Galvez por seis meses

Está investigado por presuntamente pertenecer a la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto".

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió este martes preventivamente por seis meses en su cargo al fiscal supremo Tomás Gálvez, mientras continúan las investigaciones en su contra por su presunta participación en “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

La Resolución 125-2020-JNJ establece que se informará sobre la suspensión provisional a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; y al titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros, “para los fines a que haya lugar”.

A Gálvez Villegas se le imputa una serie de hechos vinculados a su conducta funcional, los mismos que están contenidos en audios de amplio conocimiento público; así como en una entrevista periodística difundida por el canal del Estado.

Sobre los audios difundidos refiere que estos “no han sido objeto de contradicción”, siendo de público conocimiento al haber sido difundidos por diversos medios de comunicación. 

“En ellos es notoria y evidente la participación del fiscal supremo Gálvez Villegas quien, finalmente, no ha negado la existencia de dichas conversaciones, sino que más bien las ha reconocido y ha aceptado su participación en aquellas, siendo de aplicación el artículo 176 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, sobre hechos no sujetos a actuación probatoria”, agrega.

En los audios se recoge el denominado Rondero de San Martín, cuando llama a César Hinostroza para interceder por una persona a la que se le encontró un arma de fuego; también se menciona al caso Walther Delgado Tovar, en el que se advierte su apoyo a favor del referido fiscal por una demanda familiar interpuesta por su esposa. 

También se nombra el caso Mauricio Arrieta Ojeda, en el que conversa con Hinostroza Pariachi para atender al empresario Mauricio Arrieta en una casación pendiente. También se alude a lo dicho por Gálvez Villegas durante una entrevista con TV Perú, donde aseguró que los aportes ilegales en campañas electorales “no son delito”.

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