La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, necesita al fiscal Pedro Chávarry para que la proteja y para que no vaya a la cárcel como su padre Alberto, comentaron destacados penalistas a PERFIL.
Ellos coincidieron en señalar que se trata de un sistema de protección mutua, lo que explica la protección de Fuerza Popular hacia Chávarry, quien se aferra al cargo, pese a que hay una exigencia mayoritaria para su renuncia.
Protección mutua
El jurista Luis Tudela Varela sostiene que la bancada fujimorista defiende al fiscal de la Nación para evitar el encarcelamiento de Keiko Fujimori. “Todo indica que el fujimorismo en el Congreso defiende la permanencia de Chávarry para evitar que Keiko vaya a la cárcel”, indicó tras asegurar que “Keiko necesita de Chávarry y el fiscal necesita de Fuerza Popular para permanecer en su cargo.”
El experto en derecho penal Luis Lamas Puccio indicó que si el fiscal no concreta medidas cautelares y prisión preventiva contra Keiko, estaría demostrando que pretende que el fujimorismo lo proteja para luego proteger a Keiko.
“Si estas investigaciones se concretan en medidas cautelares y en solicitudes de prisiones preventivas, entonces Chávarry estará demostrando que no le interesa que el fujimorismo lo proteja en el Parlamento; si esto no sucede, entonces habrían intereses por parte de Chávarry para poder protegerse él y a su vez proteger a Keiko”, indicó.
“A raíz de la salida de Hamilton Castro y otros fiscales, el Ministerio Público ha generado una expectativa distinta en el sentido de que se van a ahondar las investigaciones pero la impresión de la población es otra”, sostuvo el jurista tras añadir que “Si Chávarry se queda en simples declaraciones, entonces, no quedaría la menor duda de que quiere que el fujimorismo lo proteja para mantenerse en el cargo.”
Los pedidos de renuncia para el fiscal Chávarry van en aumento. Según encuesta de la empresa Ipsos, el 94% de peruanos cree que debe renunciar al cargo. A las marchas que reclaman su destitución se suman ahora los pedidos de renuncia de 30 de los 34 distritos fiscales del país, por considerar que su salida es necesaria para dar paso a una investigación transparente y sin interferencias políticas sobre sus presuntos vínculos con la organización criminal de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
Posición discrepante
Una posición discrepante es la del jurista Mario Amoretti, quien dice que existe una especulación total respecto al tema y no cree que Chávarry haya trasgredido la norma por el hecho de haber mentido respecto a sus vínculos con el suspendido juez César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo.
“Hay una especulación total al respecto. El hecho de haber mentido lo coloca en una situación difícil pero yo no siento que el fiscal Chávarry haya trasgredido la norma”, dijo.
“Si el Congreso defiende al fiscal es porque hay algo de por medio, yo no veo una conducta imparcial que es lo que quisiéramos escuchar los peruanos sobre este tema”.
Entuertos
Keiko Fujimori tiene cuatro investigaciones en la Fiscalía de Lavado de Activos. Tres con el fiscal José Domingo Pérez, relacionadas a su partido, y otra vinculada al ex secretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.
En octubre del 2015 empezaron las investigaciones por presuntos aportes irregulares que recibió en la campaña del 2011, cuando era candidata de la entonces llamada Fuerza 2011. En el 2016, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar si los fondos que se recaudaron en los cocteles que realizó el fujimorismo tienen o no un origen irregular.
En agosto del año pasado se dispuso iniciar una investigación preliminar tras la difusión de la anotación “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” hallada en la agenda de Marcelo Odebrecht, quien posteriormente reconoció haber aportado 500 mil dólares a la campaña presidencial del 2011.
Desde febrero a setiembre del 2017 la fiscal Sara Vidal incluyó a Keiko en las indagaciones, por el presunto delito de lavado de activos, sobre Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular. Pese a los argumentos que utilizaron los fujimoristas para pedir el archivamiento del proceso, la fiscal superior Elizabeth Peralda ordenó reabrir la investigación contra Ramírez y Fujimori. También dispuso que el proceso se adecúe a la Ley contra el Crimen Organizado.
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