Hace un año, el 7 de enero del 2020, en un terminal de transporte interprovincial de Tacna, la Policía Antidrogas detuvo a una joven militante de Alianza para el Progreso. En la operación de control de identidad, a Yeny Solidad Quispe Quiquijana, de 25 años, se le incautó 11,9 kilos de cocaína. Por más increíble que parezca, hoy, Yeny Quispe postula al Congreso por Puno, con el partido de César Acuña, al que pertenece desde el 2018.
Aquel día en el que fue detenida en el terminal terrestre Manuel A. Odría, Quispe había llamado la atención de las autoridades por su nerviosismo. Cuando los policías le pidieron que les muestre su DNI, la joven respondía con palabras intermitentes, tartamudeaba. Le solicitaron que abriera sus maletas, pero ella dijo que no se acordaba de la clave.
Seis paquetes tipo tamal forrados con cinta de embalaje de 25 por 25 centímetros viajaban en el equipaje de la joven militante de Alianza para el Progreso. En la prueba de campo de la Policía y descarte de droga, el resultado arrojó que era positivo para alcaloide de cocaína. La balanza arrojó la suma de 11.970 kilos.
Luego de detener a Yeny Quispe, la Policía redactó un extenso informe, en el que destacaban que la joven militante tenía pleno conocimiento del transporte de la droga incautada aquel día en el terminal terrestre. “(…) estaba en posesión y transporte de la droga, al haber realizado más de dos viajes con la misma modalidad a diferentes ciudades fuera del país”, sostuvieron los agentes.
Para la Policía, Quispe trataba de negar el acto ilícito para evadir su responsabilidad penal y, de ese modo, no levantar las sospechas de que pertenecería a una organización criminal internacional. “Su función en la organización sería la custodia, transporte y traslado de la droga hasta la entrega”, explicaron los agentes.
La Fiscalía pidió prisión preventiva para ella ese mismo mes de la detención. El pedido fue admitido y se determinó que cumpla la medida por nueve meses en el Penal de Mujeres de Pocollay, en Tacna. Pero en agosto de ese mismo año, Quispe abandonó la cárcel, beneficiada con la publicación del Decreto Legislativo 1513 para el deshacinamiento de los penales por la pandemia de la COVID-19.
Desde entonces, la joven militante de Alianza para el Progreso, y candidata al Parlamento, lo niega todo y dice que su caso se trataría de una homonimia. En aquel control en el que encontraron a Quispe con droga tipo tamal, la Policía revisó la memoria de su teléfono y encontraron conversaciones hechas entre el 10 y el 27 de diciembre del 2019 con cuatro personas a través de WhatsApp, quienes tenían números de Argentina y Bolivia.
En la actualidad, ese es el mismo número al que la candidata de Alianza para el Progreso responde las llamadas de los periodistas que buscan su versión de lo ocurrido y el proceso que lleva. ¿A ese mismo número de celular llamará también César Acuña para coordinar la campaña de su partido con la joven militante?
La Fiscalía desmiente las versiones de Quispe y sostiene que tendría todas las pruebas necesarias para una acusación firme. “Estamos a la espera de que nos notifiquen y continuamos con el desarrollo del proceso. Estamos seguros de que vamos a obtener la pena privativa de libertad”, sentenciaron los fiscales encargados del caso.
Prontuariados como cancha
Como es de esperarse, las redes sociales estallaron después de conocerse la historia de la candidata de Alianza para el Progreso que estaría del lado equivocado de las rejas. Pero no es la primera vez que el partido de César Acuña acogió a candidatos que le huyen a la justicia.
En diciembre del 2019, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratificó, por unanimidad, la condena de tres años de pena privativa de libertad suspendida contra el congresista de Alianza Para el Progreso, y hermano de César Acuña, Humberto Acuña. El líder de Alianza para el Progreso aún lo defiende y dice que no dejaron declarar a su hermano.
En la noche de octubre del 2019, tras un paciente trabajo de inteligencia, la Policía capturó al prófugo Edwin Donayre en la avenida Buenos Aires, cerca de la Plaza de Armas del distrito de Puente Piedra. Donayre llegó al Congreso con el partido de César Acuña, Alianza para el Progreso, y gozó de inmunidad parlamentaria por largo tiempo, gracias a su condición de congresista. ¿Buscará lo mismo Yeny Quispe?
Este año, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, en adelanto de fallo, condenó al congresista Moisés Gonzales Cruz, electo por Alianza Para el Progreso, en las elecciones extraordinarias 2019, por el delito de colusión. ¿César Acuña formará parte de aquellos que determinan los filtros para postular al Congreso por su partido?
En enero del 2016, la prensa cuestionó la presencia del candidato Benicio Ríos en Alianza para el Progreso, quien ya tenía un proceso judicial por colusión agravada. Resultó elegido y, años después, Ríos fue sentenciado a cárcel efectiva para luego escaparse de la justicia, quedando como prófugo en ese entonces.
¿Va a suceder otra vez?
César Reyes, exregidor de la Municipalidad de Castilla en Piura, y actual candidato al parlamento por la misma provincia y con Alianza para el Progreso tiene cinco expedientes con denuncias formalizadas en el Poder Judicial y una con investigación preliminar por diversos actos de presunta corrupción.
En una entrevista con una radio local, el líder de Alianza para el Progreso volvió a subestimar los fuertes cuestionamientos y acusaciones en contra de uno de sus candidatos; en esta ocasión, por César Reyes. Para Acuña el candidato tiene merecimientos para ser congresista, y desde el partido evaluaron que cumpla los requisitos para inscribirlo.
“Si después de que lo inscriben le empiezan a sacar sus problemas, él tendrá que explicar a los piuranos”, dijo. ¿Sabrá Acuña que, de ser elegido César Reyes, gozará de inmunidad parlamentaria?
Hasta el cierre de estas líneas, el partido de César Acuña pidió a la candidata de Puno investigada, Yeny Quispe Quiquijana, que renuncie. Pero aún defienden a su candidato por Piura, César Reyes, que tiene investigaciones por corrupción y lavado de activos.
