El gobierno de Dina Boluarte ha puesto en marcha un plan para modernizar y fortalecer el equipamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de enfrentar escenarios de conflictividad social. Según un informe de la periodista Doris Aguirre de La República, el proyecto contempla una inversión superior a los $57.6 millones, destinados a la adquisición de vehículos blindados, armamento, equipos antimotines y otros implementos.
El programa incluye la compra de 56 vehículos blindados multipropósito 4x4, 43 motobombas antidisturbios conocidas como “rochabuses”, 1,007 pistolas calibre 9x19 mm, 3,146 chalecos antibalas y 8,900 mochilas tácticas. Mientras algunas adquisiciones ya han sido concretadas, otras se encuentran en proceso de licitación o evaluación por parte de proveedores.
En los últimos años, el presupuesto destinado al control de conflictos sociales ha mostrado un crecimiento constante. Durante 2022, el gasto alcanzó S/517.3 millones; en 2023 aumentó a S/681 millones; y para 2024 se ha proyectado un monto de S/717.7 millones.
De acuerdo al mencionado medio, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior está a cargo del proceso de adquisición de los vehículos blindados y motobombas. Estas unidades serán distribuidas entre las Unidades de Servicios Especiales (USE) en diversas regiones del país. Inicialmente, destaca el informe periodístico, el proceso enfrentó retrasos debido a discrepancias presupuestarias; sin embargo, bajo la gestión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se reactivaron las compras con la designación de un nuevo comité evaluador.
Entre las empresas invitadas a participar en la licitación destacan fabricantes internacionales como Rheinmetall Land Systems (Alemania), Plasan Sasa (Israel), Jino Motors (Corea del Sur) y Streit Group FZ (Emiratos Árabes Unidos). Se espera que los resultados finales del proceso se anuncien en febrero de 2025.
En paralelo, la PNP busca renovar su armamento debido al desgaste por más de tres décadas de uso continuo. Para ello, se han convocado licitaciones públicas para adquirir 1,007 pistolas por un valor aproximado de S/3 millones. Sin embargo, especialistas han advertido sobre posibles riesgos asociados a la eliminación del sistema de desamartillado en las especificaciones técnicas del arma.
Además del armamento y los vehículos tácticos, el Ministerio del Interior también adquirirá 3,146 chalecos antibalas nivel IIIA y 8,900 mochilas tácticas por un monto total cercano a S/18.5 millones. La adjudicación para las mochilas fue otorgada al Consorcio M-Táctico por S/9.6 millones, mientras que los chalecos fueron asignados al Consorcio Armory Onyx tras una apelación ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado (OSCE).
Cabe señalar que Armory Supply, empresa vinculada al consorcio ganador para los chalecos antibalas, enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en adquisiciones previas. Según La República, esta compañía estuvo involucrada en un caso relacionado con chalecos tipo IIA en 2020, actualmente bajo investigación por la Fiscalía Anticorrupción.
