En agosto de 2020, Zalesky Cáceres circulaba por la ciclovía metropolitana que conecta la avenida Sucre con la Costa Verde, en el distrito limeño de Magdalena del Mar. Durante su recorrido en bicicleta tropezó con un bache en la ciclovía, perdió el equilibrio y cayó. El accidente le produjo fracturas en la frente, nariz y quijada.
En el mismo distrito, en octubre pasado, yo circulaba en un scooter eléctrico por el cruce de las avenidas Del Ejército y Juan de Aliaga. En mi camino me topé con un hueco y caí. Producto del accidente resulté con una fractura de húmero y sección del nervio radial que me ha arrebatado la funcionalidad de la mano derecha. Mientras llegaba la ambulancia, un vecino me comentó que yo era solo una víctima más de la dejadez en ese lugar, que “a cada rato” había accidentes.
En el distrito de La Victoria, Carlos Choque también cayó del monopatín por un desperfecto en la avenida México y a Alejandra Ozejo le sucedió lo mismo en la ciclovía de la avenida Salaverry, en Jesús María. Es que, sin importar el distrito, cada día se registran decenas de accidentes, algunos más graves que otros, por el abandono de las vías de la ciudad. Esto, sin contar la infinidad de accidentes que sufren los peatones -siendo los adultos mayores los más afectadosen las normalizadas veredas en mal estado. El problema es que estas graves situaciones que atentan directamente contra el desarrollo, la salud y la vida de los ciudadanos no se denuncian.
En el 2020 el caso de Zalesky Diana logró ocupar un lugar en la agenda pública y configuró un punto de partida importante para las víctimas de la inseguridad vial en el Perú. Luego de la difusión de su testimonio desde el hospital, la Municipalidad de Lima prometió una indemnización que cubriría sus gastos médicos.
Aunque es evidente, resulta necesario recordar que son las autoridades quienes deben responder por un sistema de vías seguras en sus jurisdicciones. Además, es derecho de los ciudadanos exigir que estas se realicen/ subsanen ejecutando el presupuesto asignado por el gobierno central para tal fin.
Sin embargo, también corresponde al Ministerio de Transportes y al Congreso realizar las correcciones necesarias a la Ley Nº 30936, que insta a los gobiernos regionales y locales a adecuar sus infraestructuras para facilitar el uso del transporte sostenible. La ley en cuestión, lamentablemente, no es clara en cuanto a la obligación de las autoridades para garantizar que estas vías se encuentren en buen estado.
Después de tanta espera, el pasado 3 de marzo entraron en vigencia las multas para ciclistas. La infracción más leve tiene una pena de S/ 23 y la más grave de S/ 368. Está bien que se castigue a los irresponsables o malos conductores de vehículos livianos. Pero, ¿con qué autoridad se impondrá una multa, por ejemplo, por ir por la vereda cuando las pistas ni siquiera están óptimas para los autos o cuando, si hay ciclovías, estas sirven de estacionamiento o basurero público, o están tan descuidadas que es mil veces más fácil pagar todos los días los 23 soles de penalidad a gastar miles de soles en nuestro mercantilizado sistema de salud para recuperarse de un accidente? Cuando llegué a los primeros 10 mil, perdí la cuenta de cuánto está saliendo mi tratamiento.
A pocos meses de las elecciones municipales y regionales, resulta imperativo que los candidatos y candidatas propongan soluciones que fomenten y protejan la movilidad urbana, teniendo en cuenta que la pandemia del Covid-19 ha contribuido a un cambio de paradigma en cuanto al traslado de los ciudadanos. Ahora en el mundo se prioriza al transporte público formal, la movilidad sostenible y las caminatas seguras.
