El miércoles 3 de octubre se realizó la Audiencia de Vista de Caso en la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima por el reconocimiento de dos madres en el DNI de su hijo. La historia de ellas ya lleva cerca de tres años en el Poder Judicial. Darling y Jenny presentaron un recurso de amparo cuando el Reniec se negó a reconocer en el DNI de su hijo que este era hijo de ambas, por lo que se le emitió un DNI con información sesgada y que discrimina a una de ellas.
PERFIL conversó con la abogada de las madres, Jeannette Llaja, quien nos dio algunos alcances sobre el caso: "Lo que hicimos fue fundamentar por qué el proceso debía ser conocido en un marco de acción de amparo, puesto que el juzgado había resuelto que el caso no debía verse en un proceso constitucional, sino en la vía ordinaria. Nosotras apelamos y ahora tienen que resolver si se desestima lo que hemos pedido, lo que nos da la vía para ir al Tribunal Constitucional, o si revocan la resolución del Segundo Juzgado Constitucional, con lo que el caso regresa al juzgado y lo obligan a pronunciarse sobre el fondo".
La Convención por los Derechos del Niño establece que los niños y niñas no pueden ser discriminados por la condición de sus padres, criterio que incluye la orientación sexual; además, se debe recordar que la prohibición de discriminación se encuentra reconocida en el artículo 2 inciso 2 de la Constitución peruana. La prohibición de la discriminación por orientación sexual está reconocida en el Código Penal y en el Código Procesal Constitucional. No hay excusas para discriminar a las mujeres lesbianas.
Al parecer, Reniec lo que intenta proteger es la "heterosexualidad" de la institución familiar, algo equivocado puesto que lo que hace la Constitución es reconocer a la familia como una organización social anterior a los Estados y de otras instituciones como la religión, la política y las leyes.
TEATRO: PROYECTO MATERNIDADES
Hoy será la última presentación de la obra de teatro testimonial Proyecto Maternidades en el Centro Cultural de España, antes de partir al Encuentro de Teatro Latinoamericano - Entepola 2018 en Argentina. Proyecto Maternidades es una experiencia escénica lúdica, documental y participativa sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el Perú a través de la historia de cinco mujeres (Gina Guerrero, Haydee Massoni, Liliana Albornoz, Olga Mori y Vero Ferrari) de distintas edades, saberes, orígenes y orientaciones sexuales, quienes cuentan sus historias atravesadas por los prejuicios y las violencias de género, pero también el placer, el amor y las luchas diarias que viven para transformar su realidad
CENTROS JUVENILES CARECEN DE ÁREAS PARA POBLACIÓN LGTBIQ
Una realidad pocas veces tocada es la situación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes LGTBI que viven violencia familiar. Estos NNAJ no reciben los cuidados adecuados de su familia ni las garantías de protección necesarias desde el Estado, por lo que su desarrollo personal está fuertemente limitado por la homofobia, la violencia y la discriminación. ¿Pero qué pasa cuando ellos cometen algún tipo de infracción penal?
El Segundo Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, presentado ayer, señala que los centros juveniles en donde son recluidos no cuentan con base de datos o un registro que identifique a las y los jóvenes LTGBI, quienes están en una situación de doble o triple vulnerabilidad.
Tampoco tienen ambientes especiales que garanticen su estadía sin violaciones a sus derechos humanos, por lo que duermen hacinados junto con los otros reclusos en fuertes condiciones de vulnerabilidad. Así también, no existe ninguna política específica dentro de estos centros que busque reconocer su identidad y generar espacios de reflexión y diálogo sobre la diversidad sexual, la orientación sexual y la identidad de género a la que pertenecen, ni un mecanismo formal, ningún canal ni ningún procedimiento para que ellas y ellos puedan sentar una queja o denunciar alguna violencia.
El informe señala que el 34% de las y los infractores ha vivido abusos de parte de funcionarios de justicia. En el caso de las mujeres del Centro de Rehabilitación Santa margarita, por ejemplo, 11 de ellas se autoidentificaron como parte de la población LGTBI, y cinco de ellas señalaron haber sufrido agresiones físicas, psicológicas y morales de parte del personal que las atiende.
