El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cree que “es evidente” que su antecesor en el cargo, Jair Bolsonaro, “intentó dar un golpe” de Estado, en la que es su primera declaración tras su imputación en la víspera por el Tribunal Supremo por los ataques a las instituciones, el 8 de enero de 2023.
“Es evidente que el expresidente intentó dar un golpe en el país, es evidente que intentó contribuir en mi asesinato”, ha declarado Lula a su paso por Tokio, desde donde ha defendido la “muy buena” investigación de “meses y meses” que ha elaborado la Policía y la Fiscalía antes de presentar sus alegaciones.
Lula, no obstante, ha defendido la presunción de inocencia del expresidente, una prerrogativa, ha dicho, que él nunca tuvo. “No es Bolsonaro la persona quien está siendo juzgado, está siendo juzgado un golpe de Estado. En vez de llorar, asuma la realidad y sepa que cometió un atentado contra la soberanía del país”, ha afirmado.
Asimismo, el presidente brasileño ha asegurado que Bolsonaro estaría ya asumiendo su culpabilidad con sus constantes demandas de amnistía antes de que haya comenzado incluyo el juicio. “No gana nada haciéndolo”, ha apuntado.
“Cuando pide la amnistía, se está inculpando”, ha valorado el presidente Lula durante su visita oficial de Japón, una de las paradas de una pequeña gira por Asia, cuya siguiente parada es Hanói, la capital de Vietnam.
Este miércoles el Tribunal Supremo de Brasil acordó por unanimidad imputar al expresidente Bolsonaro y a siete de sus aliados más cercanos por los delitos de rebelión e intento de golpe de Estado tras los ataques en Brasilia en 2023.
La Fiscalía acusó a Bolsonaro de intentar impedir de forma coordinada que se cumpliera el resultado de las presidenciales de 2022, si bien “el plan” comenzó en 2021 con otra serie de acciones y declaraciones con las que cuestionaba las decisiones de los tribunales y la limpieza del sistema electoral.
Asimismo, la Fiscalía ha presentado pruebas de la existencia de un plan para llevar a cabo no solo un golpe de Estado, sino también los asesinatos del presidente Lula, el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, en el denominado como plan ‘Puñal verde y amarillo’.
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