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Este artículo es de hace 6 años

28 de setiembre: Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Vero Ferrari

¿Quiénes son las que más se perjudican con la criminalización del aborto? Es difícil tener dudas sobre ello, son las mujeres más pobres, las más jóvenes y las que tienen más hijos.

Justo la población más precaria del Perú, la que recibe la menor cantidad de apoyo del gobierno, a la que se le ha quitado la mayor cantidad de oportunidades y las que irremediablemente verán sus vidas atadas fuertemente a una subsistencia marcada por la marginalidad y la miseria, con muy pocas excepciones.

Esto lo saben todos los Estados, lo saben todos los gobernantes, lo sabe toda la sociedad, lo sabemos las mismas mujeres y no se hace nada por cambiarlo desde aquellos que tienen el poder para hacerlo.

Desde hace dos años hay en el Congreso un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto por violación en un país de violadores. Dos años lleva sin ser agendado por un Congreso que avala discursos misóginos de sus aliados evangélicos antiderechos y que está más interesado en no perder el poder que tiene que en la vida de las mujeres.

A pesar de ello, las mujeres siguen abortando y siguen organizándose para abortar, ya sea acompañadas por parejas que no las abandonan o por amigas, familiares o activistas conscientes de que imponerle a una mujer una maternidad obligatoria daña su mundo psíquico para siempre.

El mito siempre ha sido que el aborto es el que daña a la mujer, y eso no es cierto, es justamente la obligación de maternar lo que sí daña, porque es una situación impuesta violentamente, contra la voluntad de la mujer, contra sus deseos, contra sus proyectos de vida, lo que equivale a tortura, y con muy pocas posibilidades de cambiar el rumbo de ese destino impuesto sobre su vida por las razones que mencionamos arriba: pobreza, juventud y un contexto de opresión.

Pero olvidaba un dato, la ruralidad. Esta variable sumada a las otras sigue siendo una bomba de tiempo para las mujeres.

Como señala el informe Condiciones para garantizar el derecho a la educación, la salud y una vida libre de violencia de las niñas y adolescentes indígenas de la Defensoría del Pueblo, publicado en 2017, "las violaciones, el incesto y los abusos sexuales a mujeres adolescentes por parte de los familiares y vecinos son una práctica común encubierta y silenciada en la mayor parte de las comunidades indígenas de todos los países".

Las mujeres pobres, jóvenes e indígenas se enfrentan a la violencia sexual, a la falta de información sobre salud sexual y reproductiva, a la dificultad de acceder a métodos anticonceptivos, a la total ausencia de educación sexual integral de calidad, a la deserción escolar por los prejuicios y la estigmatización que recae sobre ellas, al aborto en condiciones precarias que ponen en riesgo su salud física y mental, y su vida, y a embarazos y maternidades que truncan sus sueños.

Despenalizar el aborto no solo es urgente, es lo mínimo que se puede hacer por las mujeres en nuestro país, la deuda con nosotras sigue sin ser saldada.

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El análisis y las expresiones vertidas son propias de su autor/a y no necesariamente reflejan el punto de vista de EL PERFIL
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