En el Perú, como parte de la herencia colonial, el mercantilismo y el extractivismo han sido y son los métodos propios de hacer negocios con los recursos naturales, los mismos que en términos constitucionales son propiedad de la Nación y el Estado en su representación ejerce formalmente el “jus imperium”, es decir el poder soberano sobre los recursos naturales renovables y no renovables, que por leyes particulares es transferido a los privados.
Así, por ejemplo, en el subsuelo el petróleo crudo el gas natural “in situ”, son propiedad del Estado. Extraídos los hidrocarburos la propiedad le corresponde a la empresa privada. Es igual en la minería, donde en la práctica los propietarios mineros abonan un sencillo por acceder a la propiedad sobre recursos no renovables y agotables en el tiempo.
En caso del sector de hidrocarburos, el dueño de las “moléculas” es el capital privado, que como propietario tiene el uso, la posesión y el usufructo sobre los hidrocarburos. En la jerga se dice que tienen la libre disponibilidad sobre el crudo, gas y líquidos de gas natural.
Así, se pueden exportar más de 450 millones de pies cúbicos diarios de gas natural provenientes del lote 56 para cumplir con un perverso contrato de exportación bajo responsabilidad del consorcio Perú LNG; sin embargo, el gasoducto del sur, la petroquímica, el nodo energético, no tienen las reservas probadas de gas suficientes que garanticen el abastecimiento para Arequipa, Cuzco, Puno, Moquegua y Tacna.
De allí el atraso y desinterés desde 2008 a la fecha, por ejemplo de avanzar en la petroquímica básica en la elaboración de urea o nitrato de amonio, pues el titular sobre las moléculas es el consorcio Camisea teniendo como operador a Pluspetrol Peru Corporation (PPC). Si a dicho consorcio no le conviene económicamente el precio de venta/compra del gas para la petroquímica, sencillamente ésta no va, como viene sucediendo hasta ahora.
Nueva ley de hidrocarburos
En la presente coyuntura, está en proceso de aprobación una Nueva Ley de Hidrocarburos en el pleno del Congreso de la República que reafirma, refuerza este patrón de explotación extractivista, y que extendería por 30 años más la vigencia de los contratos de explotación que están próximos a su vencimiento, con una rebaja sustancial en las tasas de regalías que es el ingreso fiscal más importante por la explotación de los hidrocarburos.
Es importante destacar que en los denominados contratos de servicios Z-2B bajo responsabilidad de Savia Perú en el Zócalo Continental, los lotes I y V en Piura operados por Graña y Montero Petrolera son contratos que tienen fecha de vencimiento antes de 2023.
En la misma condición se encuentran los contratos de licencia por los lotes II, VI/VII, X en Piura, correspondientes a Petrolera Monterrico, Sapet y CNPC de la China Popular respectivamente; se suman a los contratos próximos a su vencimiento antes de 2026, los lotes 8 operado por Pluspetrol Norte en la selva nororiental, como la Maple (31 B/D) y Aguaytía Energy (31C) en Ucayali.
Todos estos contratos tienen fecha próxima de vencimiento, y a través de sus representaciones empresariales están moviendo “cielo y tierra” para que se le extiendan graciosamente sus contratos por 30 años adicionales, con menores tasas de regalías.
En verdad, lo más valioso que tienen dichos lotes son las reservas probadas, las mismas que pueden ser explotadas comercialmente con un 95% de probabilidades según las condiciones de precio y mercado.
A diciembre de 2017, estas reservas probadas han sido estimadas en 237 millones de barriles que valorizadas a un precio de US$ 70 dólares el barril determinan un valor a los US$ 15 mil millones de dólares. ¡Es esto lo que está en juego!
Por ello, afirmamos que antes que una indebida prórroga contractual a las empresas que no han asumido riesgos cuando los precios se mantenían sobre los US$ 100 dólares el barril, se debieran licitar las reservas probadas mediante un concurso internacional, con compromisos de inversión en firme. Es decir, se debe apostar por la competencia, la transparencia mediante la licitación pública sobre las reservas, instalaciones, ductos, reservorios, etc. que están en los lotes; y las empresas interesadas deben pagar a la Nación un valor de mercado por las reservas probadas, probables y posibles.
Caso Lote X: por tres manos
Debemos recordar cómo en diciembre de 1996 la petrolera argentina Pérez Companc pagó US$ 202 millones de dólares por los campos maduros del lote X que detentaba 42 millones de barriles de reservas probadas.
Todo ello fue posible en el marco del proceso de privatización (COPRI), cuando el precio del barril no superaba los US$ 20 dólares, al margen de los compromisos de inversión, por un contrato que tenía 30 años de vigencia, y cuya fecha de vencimiento se cumpliría en diciembre de 2026. Es decir, Pérez Companc, en ese entonces una empresa privada argentina de mayor presencia que Pluspetrol, tuvo que pagar US$ 202 millones por casi 42 millones de barriles en reservas probadas que fueron descubiertas por PetroPerú. Es decir, se pagó casi US$ 5 dólares por barril de reserva.
