De ilegítimo, indecoroso, indigno y repudiable ha calificado la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el comportamiento del ahora exfiscal supremo Gonzalo Chávarry, al destituirlo del Ministerio Público y cancelarle definitivamente el título de fiscal.
El extitular de esa entidad ha recibido la máxima sanción administrativa por haber faltado a la verdad sobre sus conexiones con César Hinostroza (el juez y abogado de violadores) para favorecer la casación de Keiko Fujimori, por haber promovido (agazapado entre las sombras, cual ladrón en la noche, y valiéndose de su altísima posición de poder) el deslacrado y sustracción de documentos de las oficinas de su asesor Manuel Duarte, que probarían sus tentáculos mafiosos con las huestes parlamentarias de Fuerza Popular y por haber convocado al asesor del entonces congresista Jorge del Castillo para coordinar acciones desde el Congreso disuelto a fin de lograr acciones de apoyo político en su favor.
Dicha decisión constituye de lejos una victoria de nuestro alicaído sistema de justicia, así como de los pundonorosos sectores democráticos que en su momento se movilizaron para denunciar los flagrantes entuertos que venía haciendo dicho funcionario en esa alta magistratura, la cual había convertido en búnker de la impunidad a favor de la Señora K o señora Mano Dura y los Cuellos Blancos del Puerto.
Es también una victoria del Equipo Especial Lava Jato que Chávarry trató de desmantelar al grado de que el fiscal José Domingo Pérez se vio obligado a denunciar públicamente el hecho, recibiendo en represalia una serie de denuncias en Control Interno de esa Entidad, una de ellas por supuesta apología del terrorismo, al más viejo estilo del “terruqueo” fujimorista de los 90.
No conforme con eso, el 31 de diciembre 2018, Chávarry tramó el golpe institucional de apartar a los valientes fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela de las investigaciones a Keiko Fujimori, mientras la población se encontraba preparando la cena y el cotillón de Año Nuevo; lo cual no le duró más que un par de días ante la multitudinaria reacción social que se produjo.
Como la JNJ parece que ha tomado consciencia del papel que le corresponde y ha optado por una inmediata extirpación de los abscesos que gangrenan el sistema de justicia, ha destituido también al juez supremo Aldo Figueroa Navarro, conocido como “Alma fina”, por su injerencia indebida en la designación de la magistrada supernumeraria Mónica Hoyos, en coordinación con Walter Ríos (jefe de los Cuellos Blancos en el Callao) y el ya referido César Hinostroza Pariachi.
En los próximos días debe resolver también la grave situación de Tomás Gálvez Villegas, el otro fiscal supremo ligado al juez Hinostroza, así como la de Víctor Rodríguez Monteza que con Gonzalo Chávarry formaban el trinquete de poder con el que la Señora K había capturado el Ministerio Público y pretendían convertirlo en un antro mafioso de impunidad.
Los tres deberán afrontar en su momento los procesos penales respectivos, y no sería de extrañar que más de uno de ellos, particularmente Gonzalo Chávarry, termine su torcida carrera fiscal en Piedras Gordas.
