Es evidente que el golpe mortal a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido postergado por el Congreso de la República para el próximo 8 de noviembre por dos razones fundamentales:1) dar tiempo para buscar los 87 votos que necesitan ya que solo tienen 70; por lo que requieren de tiempo para negociar, presionar y obtenerlos; y, 2) evitar la reacción ciudadana, porque ese día la gente va a estar entretenida en la definición del campeonato de fútbol profesional 2023, a disputarse entre los populares equipos de Universitario de Deportes y Alianza Lima.
El objetivo inmediato es descabezar a ese organismo constitucional que nombra y ratifica a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como a los jefes de la ONPE y RENIEC, para tener la justicia al servicio de la impunidad, así como para manejar los próximos procesos electorales y torcer el resultado a favor de quien represente sus negocios e intereses. La coalición derechista en el poder ha llegado para quedarse y están dispuestos a arrasar con quien sea en ese nefasto propósito. Es la versión mutada, con faldas y chimpunerade la dictadura de los 90.
A estas horas están reuniéndose, telefoneando, ofreciendo ministerios, puestos de trabajo, obras, presupuesto, presidencias de comisión, archivamiento de procesos en la Comisión de Ética, así como en el Ministerio Público y Poder Judicial, para animar a los indecisos y a quienes han tomado con seriedad la preocupación de los organismos internacionales, como la relatoría especial de la ONU y la CIDH, las cuales han advertido que la “causa grave” aducida para la defenestración de los magistrados NO SE ENCUENTRA TIPIFICADA con claridad en ninguna ley del sistema jurídico nacional; por lo que el atropello a la razón, al principio de legalidad y al debido proceso es más que flagrante y escandaloso.
La JNJ es la joya de la corona, por eso es quepretenden descabezarla sosteniendo burdos pretextos, como: a) la invitación que hizo al Congreso a “reflexionar”, en su momento, sobre la destitución de Zoraida Ávalos; b) la permanencia en el cargo de Inés Tello Ñecco cuando esta sobrepasa los 75 años; y, c) la supuesta “filtración” a la prensa de la investigación a Patricia Benavides. Como si una invitación pública e institucional a reflexionar fuese intromisión, en el primer caso; como si la JNJ hubiese establecido la norma constitucional (art. 155) para nombrar a Tello, como a todos los magistrados, por cinco años, en el segundo caso (debiendo considerarse que el propio Ernesto Blume durante el respectivo concurso y luego SERVIR, como organismo técnico en la materia, sostuvieron que el nombramiento es por ese lapso y el límite de los 75 años es solo para acceder al cargo); y, finalmente, en el tercer caso de imputación, cuando no existe prueba alguna (más allá de un recorte periodístico) que acredite que la JNJ o alguno de sus miembros filtró a la prensa la investigación a Patricia Benavides.
Es evidente que una parte del pacto de impunidad es precisamente blindar a Patricia Benavides, investigada por sus tesis bamba, cambiar indebidamente a los fiscales de los “Cuellos blancos” y a quien investigaba a su hermana por los gravísimos cargos de haber liberado narcos internacionales a jugosos precios en dólares.
Ante la eventualidad de no lograr los 87 votos, la estrategia de la coalición es votar por separado para lograr la destitución de, al menos, tres magistrados de la JNJ: Imelda Tumialán Pinto, Inés Tello Ñecco y Aldo Vásquez Ríos; debido a que los dos últimos son los que investigan a Benavides y la primera por ser la presidenta y por su larga trayectoria en defensa de los Derechos Humanos.
Pero hasta allí, Patricia Benavides es solo una importante pieza operativa del tablero de ajedrez mafioso, es el alfil de largo alcance y la Blanca Nélida Colán del régimen; porque el objetivo estelar de la coalición es salvar a la reina, el real poder tras el trono, a “la chika”, del próximo banquillo de los acusados. Descabezada la JNJ será más fácil destituir a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Recuerden que la moción de investigación sumaria fue aprobada atolondradamente el mismo día 7 de setiembre en que Jorge Simoes Barata sostuvo en pleno juicio oral del “Metro de Lima", que había ENTREGADO HASTA UN MILLÓN DE DÓLARES A KEIKO SOFÍA FUJIMORI, obviamente, plata sucia de Odebrecht; lo cual corroboraba judicialmente eso de "aumentar Keiko para 500 e eu facervisita".
Aquí se está jugando la libertad de Keiko, por eso la desesperación de cogotear y decapitar a la justicia rápidamente. Mientras las bandas criminales imponen en las calles la extorsión de plata o plomo, el modus operandi de la delincuencia política es el de impunidad o destitución, es decir, la muerte funcional. Esperemos que la multitudinaria alegría deportiva del 8 de noviembre, de ser el caso, también se convierta en arrolladora indignación. La camiseta de la dignidad ciudadana es una sola.
