La crisis política generada por la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo es una crisis entre fuerzas de la derecha, defensoras del régimen neoliberal intensificado a sangre y fuego desde los años 90 en el Perú y que se centra en la profundización de la política económica neoliberal, la reforma laboral antisindical, el modelo extractivista que depreda el medio ambiente y el discurso religioso conservador que predica el odio.
Disuelto el Congreso y convocadas las nuevas elecciones parlamentarias, debemos decir que todos los corruptos no se han ido. Algunos continúan aferrados a su inmunidad parlamentaria y otros a la protección de otros poderes del Estado. En ese sentido nos mantenemos en la consigna “Que se vayan todos, los corruptos y explotadores”.
No olvidemos que el actual gobierno tiene una escopeta de dos cañones: en sus discursos se enfrenta a la mafia fujimorista pero en sus acciones detiene y encarcela a dirigentes sindicales, siguiendo el plan de gobierno de la CONFIEP.
La luz verde al proyecto minero Tía María, de la Southern Copper Corporation, es parte del afianzamiento del modelo extractivista que promueven las grandes corporaciones extranjeras. Afortunadamente, la lucha organizada del pueblo ha logrado que el gobierno retroceda en este tema, no obstante, queda pendiente la cancelación definitiva a dicho proyecto y otros.
Ahora que se sabe que el Congreso disuelto no envió la autógrafa de ley de la ampliación de la Ley de Promoción Agraria, que afectaría a los trabajadores del campo y favorecería a las agroexportadoras que llevan casi 20 años enriqueciéndose con sus “beneficios”, es la oportunidad del Gobierno de abstenerse de promulgarla y dar señales de un verdadero punto de quiebre.
Nuestra lucha, sin embargo, continúa. Por ello, tras la disolución del Congreso, el siguiente paso es la derogatoria del D.S. 345-2018 y el D.S. 237-2019 referidos a la política de competitividad y productividad. De igual manera, debe procederse a dejar sin efecto el D.S. 214 que pretende privatizar Sedapal y las empresas públicas, afectando a millones de peruanos. Disolvamos las leyes de la CONFIEP, que tanto daño hacen al país.
Y, por último, para acabar definitivamente con las nefastas consecuencias de este modelo, sobre los trabajadores y sus familias, debemos avanzar en la construcción de una alternativa social, sostenible y democrática, del pueblo y para el pueblo, que permita devolver a la clase trabajadora sus derechos eliminados por los corruptos y explotadores.
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