El Congreso de la República ha disparado la bala de plata que lo protegía, al “rechazar de plano” la cuestión de confianza planteada por Aníbal Torres ante el Pleno de ese poder del Estado, para que se derogue la Ley antirreferéndum, Ley 31399.
Al ser rechazada la cuestión de confianza, por parte de la Mesa Directiva con el aval del Pleno del Congreso, se ha producido la crisis total del gabinete y Torres ha renunciado, porque tal rechazo significa que la confianza “LE HA SIDO REHUSADA”; conforme al término que literalmente refiere el artículo 133 de la constitución Política.
Así lo ha manifestado también Pedro Castillo en su mensaje a la Nación, y ha procedido a renovar el gabinete. Y es que no puede ser de otra manera, aquí o en la China y la cochinchina, “rehusar” (no querer o no aceptar algo) es lo mismo que “rechazar” (denegar algo que se pide); consulten el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, o cualquier diccionario de sinónimos, si así lo desean. Solo a los bribones que quieren pasarse de listos se le puede ocurrir que son cosas distintas, al avivato estilo de quienes pretendían vendernos eso de que “no se cayó, se desplomó”, o, “no es plagio, es copia”.
La Ley N° 31355 y la modificatoria del Reglamento del Congreso, en los que pretende ampararse la Mesa Directiva del Parlamento, son abiertamente inconstitucionales, pese a lo que haya dicho el Tribunal Constitucional (el cual, si bien puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes, no las declara constitucionales, vean el artículo 200, inciso 4° de la Carta Magna), porque ponen límites a la cuestión de confianza, donde la Constitución no lo hace; por lo tanto, dichas normas de menor jerarquía jurídica, no pueden estar por encima de la ley de leyes.
De la forma en que limitan y cercenan la cuestión de confianza esos preceptos normativos de menor rango, hacen imposible el planteamiento de aquella, porque hasta las políticas de Estado deben adoptar y plasmarse en fórmulas legislativas, y a criterio dictatorial del Congreso, amparado en esos inconstitucionales dispositivos, los temas legales son de competencia “exclusiva y excluyente” del Congreso.
Por ende, ha hecho bien Pedro Castillo al tener por rehusada la cuestión de confianza, amparándose exclusivamente en el texto constitucional, que es la fuente normativa de la institución medular en el sistema democrático del equilibrio de poderes.
Ha procedido en estricto cumplimiento del artículo 38 de la misma Constitución, por el cual es deber de todo peruano respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico, así como el artículo 118, inciso 1° de la misma, en virtud del cual corresponde al presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Obsérvese que, en todos los casos, la primacía es siempre de la Constitución.
Muy bien, pero al haber disparado la bala de plata, el Congreso evitará de mil formas que el Ejecutivo lo obligue a disparar la bala de oro, mediante nueva cuestión de confianza que, en caso de ser también denegada, deje al presidente de la República en condiciones de cerrar el Congreso; de acuerdo con lo previsto en el artículo 134 de la Constitución.
En ese afán de salvarse buscarán acelerar los procesos de vacancia, suspensión, acusación y todo lo que puedan hacer para sacar a Castillo y a Boluarte del cargo y tomar el poder, el cual buscan afanosamente desde antes que el presidente fuera proclamado; lo cual sugiere que el nuevo gabinete deba estar a la altura de las circunstancias y a la crispación política del momento.
Está llegando a la fase de equilibrio estratégico y próximo desenlace la guerra política y de cruenta demolición declarada desde hace año y medio por el Congreso y la derecha política, que ha sumido al país en la ingobernabilidad, y que ha sido recientemente respondida por el Poder Ejecutivo con la cuestión de confianza; la cual irá más allá de los textos y pormenores normativos. Por lo pronto, en cuanto se conoció el rechazo de la cuestión de confianza, hasta algunos congresistas de izquierda, como Edgar Tello y Valdemar Cerrón, arrugaron declarando a la prensa que Aníbal Torres debía renunciar porque “era muy confrontacional”.
Es que, al quedar solo la bala de oro y quedar el Congreso en peligro de disolución constitucional, muchos ya piensan en los emolumentos y sinecuras que dejarían de ganar, o en el departamento y el lujoso 4X4 que no podrían pagar. En tiempos de crisis y de tempestad se conoce de qué está hecha cierta gente. Con intereses como los de ellos es que la derecha buscará reunir los 87 votos para vacar a Castillo. Recordemos que ya antes votaron juntos para nombrar a los integrantes del Tribunal Constitucional, de clara raigambre conservadora
De lo cual es de preverse que la victoria corresponderá a quien logre el respaldo masivo de la ciudadanía a nivel nacional. No sería la primera vez que las Navidades o fiestas de Año Nuevo se realicen en las calles; ya se escucha el afilar de la guillotina para evitar la bala de oro, pero será la indignación multitudinaria de los hombres de a pie la que decida si cae la primera o caen los que ahora guardan asustados la segunda.
