Un exvicepresidente de conocido cuerpo colegiado se encuentra con orden de captura al estar condenado a seis años de cárcel por robarle al erario público. Otro miembro del mismo colegiado anda suelto después de haber cometido el execrable delito de violación a una trabajadora en las propias instalaciones de esa representativa entidad. Una expresidenta de la misma corporación coge abusivamente y samaquea del brazo a otra de sus colegas, mientras la fulmina con iracunda mirada y agrede con insolentes palabras. Otro integrante denuncia a la misma agresora por tratar como “indio de m…” y otras lisuras a sus compañeros de agrupación política. ¿El callejón de las siete puñaladas? No, el Congreso de la República.
Cuadras más abajo, la plaza desierta y desolada, donde el titular que personifica a la Nación, es asediado con más de seis investigaciones debido a los indicios cada vez más claros de reciente corrupción que van surgiendo en su entorno más cercano. De pronto, un nuevo despliegue mediático, fiscal y policial incursiona aparatosamente en la sede más importante del país ¿Para capturar a quien tiene millonarias cuentas en el extranjero, casas en Bogotá, México o Madrid, producto del sórdido latrocinio en las arcas del Estado? ¿Para detener a quien mandaba aceitar a los hombres más poderos del país?, o, ¿al que permitía accionar desde el poder a los escuadrones de la muerte del Grupo Colina, contra los estudiantes universitarios, humildes pobladores de los Barrios Altos o los más pobres del país? No, para capturar a una casi adolescente de 26 años, que se venía presentando públicamente ante las comisiones investigadoras del Congreso, investigada por haber ofrecido obras a las comunidades campesinas de su lugar de origen.
Monitoreando estas últimas incursiones, la nueva titular del órgano constitucional de investigación jura públicamente que va a combatir la corrupción desde el poder; sin embargo, lo primero que hace es desmantelar el equipo de fiscales que investigaba a la mafia de los denominados “Cuellos blancos del Puerto”, y, en evidentes acciones de doble rasero, cambiar a la fiscal que investigaba a su hermana por haber recibido coima para liberar a narcotraficantes de alto vuelo. Mientras tanto, nombra gerente a conocida aprista con el antecedente de haber cobrado más de 100 mil soles indebidamente en EsSalud. Medidas cuestionables y sospechosas que han propiciado la renuncia de valientes y reconocidos fiscales, como Víctor Cubas Villanueva y Martín Salas, entre otros. El primero investigó y logró la sanción a los criminales de La Cantuta, y el segundo la sanción a las mafias de Chim Pum Callao.
Sin dejar de mencionar la gravísima omisión de tener durmiendo el sueño de los justos el caso de Luciana León, investigada por integrar los “Intocables Ediles”, donde existe sindicaciones directas, correos electrónicos, interceptaciones telefónicas y una abrumadora carga probatoria de los delitos de cohecho y organización criminal que se le atribuye, como lo advirtiéramos en nuestra columna del 17 de julio último (y vemos que ya ha despertado atención en las redes). Todo parece indicar que estamos ante una nueva versión de la ley del embudo, cuando la norma debe ser igual para todos.
Esta es la fotografía política de la semana donde el Congreso, ya desahuciado con solo 6% de aprobación ciudadana según la última encuesta de CPI, encima al Poder Ejecutivo y amenaza mañana, tarde y noche con cortarle la cabeza a Pedro Castillo; y, por su parte, el Ministerio Público que empieza a actuar como tenaza con el Congreso para apretar cada día más al primer mandatario, convirtiéndolo en el único presidente en ejercicio investigado en más de doscientos años de vida republicana (parece que los anteriores eran santos). Según la última publicación de la revista “Hildebrandt en sus trece”, el objetivo próximo sería el encarcelamiento de Lila Paredes, la esposa de Pedro Castillo; obviamente con el propósito quebrarlo moralmente y forzarlo a renunciar.
En otras palabras: la degradación ética y la doble moral encimando y atenazando a la incapacidad moral. Mueve a hilaridad ver cómo levantan el dedo acusador los que ya gobernaron y terminaron procesados y salvados por los mecanismos de cínica impunidad que campean en el país. Sienten que es la hora de su retorno, como en la versión cinematográfica de “La ciudad de los muertos vivientes”.
Así va pasando el año y no avizoramos salida a la crisis política sin precedentes que vive el país. A estas alturas ya forma parte de la agenda política la reforma constitucional y la convocatoria a nuevas elecciones, pero con los mismos actores, personajes y partidos, nada augura cambiar mucho las cosas. Nunca como hoy ha cobrado mayor fuerza esa frase de Antonio Gramsci de que los partidos políticos son “una excrecencia morbosa de la dignidad nacional”, por lo que pareciera que en el Perú hay que refundarlo todo.
Por nuestra parte, creemos que la auténtica reserva de vitalidad cívica y política de nuestra Nación está en la ciudadanía independiente: en los trabajadores formales e informales, campesinos, amas de casa, estudiantes, intelectuales, artistas, desempleados y ambulantes. En otras palabras: en el hombre de la calle. Pues a la calle es a quien toca ser protagonista estelar de los cambios de rumbo que el país necesita. Nadie se sienta excluido, los liderazgos auténticos surgen en el camino, no se preocupen; solo hay que demostrar amor al Perú y no al bolsillo.
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