Ley Keiko favorece corrupción en petróleo

El proyecto de ley que Keiko viene presionando porque se apruebe va contra los derechos indígenas también de otras formas.

El Congreso de la República, a insistencias hechas por Keiko Fujimori en varias entrevistas, se prepara a aprobar una ley para que se entreguen concesiones petroleras a dedo con regalías disminuidas, beneficiando en especial a una media docena de empresas con contratos por finalizar.

Tumbes y Piura reciben esas regalías y serían muy afectadas por la ofensiva de “La Botica” de Keiko¸ las regalías se reducirían a la tercera parte o menos, habiendo sólo en la costa norte 110 millones de barriles de reservas probadas que hoy valen más de 7,500 millones de dólares.

Es conocido que el negocio petrolero es uno de los más corruptos del mundo. Existe a nivel mundial la “Iniciativa de Transparencia de las Industrias extractivas” para hacer frente a este asunto y muchas investigaciones académicas al respecto. En el Perú petroleras como Pluspetrol han dejado una contaminación tremenda en la selva con graves daños a los pueblos indígenas y siguen sin pagar 30 millones de multas ambientales. Al rebajar regalías y permitir que se prolonguen 20 años las concesiones petroleras sin licitaciones sino “a dedo”, esta propuesta PPK-Keiko amplía el espacio para la corrupción.

El proyecto de ley de PPK-Keiko establece que las empresas que actualmente tienen concesiones petroleras pero cuyos contratos se acercan a su vencimiento, podrán mantenerse con la explotación veinte años más que lo establecido en el contrato firmado y encima pagando las regalías disminuidas, sin que haya competencia ni licitación alguna para ver quien ofrece mejores condiciones. Es decir, a dedo nomás, lo que como sabemos favorece la corrupción al impedir la competencia. Este es un proyecto de ley con nombre propio; en la costa norte se llama SAPET, Graña y Montero, Pacific, Savia Petromont y CNPC-Perú. Están en la colada desde chinos (SAPET, CNPC) hasta Graña y Montero, los socios de Odebrecht. ¿Por qué ampliar un contrato otorgando beneficios a quienes ya concursaron y aceptaron un plazo menor (que por cierto no es poca cosa al no bajar de veinte años), sin siquiera exigencias de inversión de riesgo?

El proyecto de ley que Keiko viene presionando porque se apruebe va contra los derechos indígenas también de otras formas. Por ejemplo, aunque el convenio 192 de la OIT y la ley de consulta previa establece que los pueblos indígenas deben ser consultados cuando se afecte su territorio y sus recursos, este proyecto de ley permitiría que luego que les han concesionado los lotes, las petroleras puedan derribar bosques y construir sus trochas, campamentos y pozos son ninguna limitación, algo que está totalmente fuera de la ley nacional e internacional.

¿Por qué estará Keiko tan interesada en este tema? Eso lo dejo a que cada lector saque sus propias conclusiones.

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