Aldo Mariátegui llora la caída de Keiko Fujimori en las encuestas. Beteta, Mamani, Bienvenido Ramírez son, para el redactor de Perú21, los Papas del dios libre mercado en la tierra, diques contra el advenimiento de la marea roja, que acabará con la vida sobre la tierra y violará a los niños, como hacen los curas, aliados eternos de dictadores y conservadores.
La mano invisible, sin duda, no es la de Galarreta, que contrató a diestra y siniestra, con dinero de los contribuyentes, -que es como viven los neoliberales-, a más de 300 personas en calidad de personal de confianza en el Congreso.
No, Galarreta no es el artífice de que la mano invisible se mueva en el país, y menos en el congreso, pero Mariátegui parece confiar que esa tarea es de Maritza García o de Yesenia Ponce, bastiones del dejar hacer, dejar pasar, a un nivel tal, que han convertido en producto lo que era un logro: los certificados de estudio ya no se obtienen con estudio, ellas han dejado en claro que la aprobación de los cursos escolares, o universitarios, son consecuencia de una transacción.
En estas costumbres lo sigue Alan “Doctor Bamba” García, que firmaba títulos universitarios con el nombre de un Doctor García que no existe. O de Acuña, que es el sujeto con “mayor capacidad investigativa” en el país, según dice, porque obtuvo un título en España luego de apoquinar una linda donación a la complutense, donde jamás desarrolló ni la ética ni la inteligencia que lo hiciera capaz de notar que copiar y plagiar un libro son el mismo delito.
Mariátegui cree que los políticos de la derecha peruana, esos que redactan leyes a pedido de empresarios “liberales” que viven de los negocios que tienen con el Estado, que compran casaciones, y resoluciones a su favor, son los que se someten al shogunato premoderno de Fujimori, donde no es la cantidad de votos que logran en el mercado electoral el que los elige como postulantes al Congreso, sino la billetera de dólares lavados que llevan consigo, el efectivo del narco que le paga los avisos, los soles logrados en ventas de computadoras o fotocopiadoras al Poder Judicial que financia sus tapers.
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