La bankada de Fuerza Popular se opone a cualquier cambio que afecte sus intereses; pone por delante lo político partidario y no el bien común, evidenciando que su agenda se limita a que los poderes públicos sigan siendo tan ineficaces como hasta ahora, además del blindaje a la corrupción.
Desde el Congreso, a través de su presidente Daniel Salaverry, acaba de anunciar que la “La reforma política aún la veremos plasmada dentro de tres años, hay tiempo para discutirla, para evaluarla, pero no nos negamos a eso […] Hay mucho tiempo todavía por delante hasta el 2021 para tratar estos temas”, (diario El Comercio 12.09.18)
El fujimorismo no quiere que haya ni la más mínima reforma política, pues sabe que perdería cuotas de poder, dada la creciente pérdida de legitimidad de Fuerza Popular y la “Señora K”.
Transcurridos 48 días desde que el presidente Vizcarra planteara, en su mensaje del 28 de julio, la convocatoria a referéndum para que podamos decidir libremente sobre temas fundamentales referidos a las reformas judicial y política; la consulta cuenta con un vasto respaldo ciudadano.
Propuestas como la no reelección inmediata de congresistas y la regulación del financiamiento privado de partidos políticos y campañas electorales están recibiendo una significativa adhesión de la población; asimismo la restitución del Senado debe representar al conjunto de regiones y a hombres y mujeres, sin incrementarse el presupuesto total del nuevo Congreso (Senadores/ Diputados).
Por ello la sociedad civil apoya las reformas planteadas y empieza a organizarse en Comités Ciudadanos por el Referéndum, iniciativa de los Colegios Profesionales que está uniendo a numerosas organizaciones y personas. Los líderes de este espacio ya acudieron a la ONPE a solicitar el kit electoral, queda esperar los planillones para que firmemos por lo menos tres millones de peruanos diciendo sí al Referéndum.
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