Keiko Fujimori y sus allegados se juegan un partido decisivo en las próximas horas y sus nervios están a flor de piel pues las investigaciones fiscales acerca de los cuantiosos recursos que ingresaron para la campaña de 2016 dejan en evidencia que provienen de fondos oscuros que estarían incursos en el delito de lavado de activos.
Pero no solo las investigaciones fiscales la involucran. El coronel Harvey Colchado, jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), que investiga a la red criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’ aseguró que estaba convencido quién es ‘La señora K’, aunque añadió que serán las investigaciones las que definan el caso.
En diálogo con la web Convoca, Colchado añadió otra perla que debió saberle a chicharrón de sebo a la candidata: “Es clarísimo que el fiscal del partido fujimorista es Pedro Chávarry, y eso viene desde antes de que saliera a la luz su vínculo con (el juez César) Hinostroza”.
Lo cierto es que el panorama se le volvió preocupante a Keiko luego de la caída de Hinostroza y de la campaña que reclama la destitución de Chávarry, los dos alfiles con los que cuenta para salir bien librada de las pesquisas que lleva adelante el fiscal José Domingo Pérez por el caso de los famosos ‘cócteles’, detrás de la cual se escondería una trama de lavado de activos.
Temerosa de los resultados de la investigación, la lideresa de Fuerza Popular presentó un recurso de casación para atar de manos al fiscal Pérez, asunto que debe ser resuelto hoy por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Sus acciones le han valido una serie de cuestionamientos. La representante de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, afirmó ayer que “Keiko Fujimori ya no está preocupada por ser presidenta de la República sino por no terminar en prisión”.
Aumentar Keiko
La indagación fiscal se inició hace más de un año y se tornó preocupante para la lideresa de Fuerza Popular luego que en la agenda del empresario brasileño Marcelo Odebrecht apareciera una frase inoportuna: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”.
Una imputación que Keiko ha negado en todos los idiomas, pese a que el ejecutivo de la trasnacional brasileña se mostró muy generoso con los candidatos que lideraban las encuestas en las pasadas elecciones, sondeos en los que la Fujimori aparecía en un lugar expectante. Tras su derrota, aparecieron las huellas de una serie de ingresos no muy bien sustentados.
Todo esto habría llevado a Keiko a mover piezas dentro del Poder Judicial para salir bien librada del asunto, movidas de las que van apareciendo evidencias. Hace pocas semanas un colaborador eficaz confirmó ante el Ministerio Público que el suspendido juez Hinostroza se reunió con ella en el mes de mayo. Según el informante, el juez le confirmó la reunión al empresario Antonio Camayo.
En junio, después de estas reuniones, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que presidía entonces Hinostroza Pariachi, admitió a trámite el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella para que ambos no sean investigados por la Fiscalía de Lavado de Activos bajo la Ley de Crimen Organizado.
Citados
Pese a las presiones para poner freno a las indagaciones, Domingo Pérez citó a Keiko para el viernes 21 de setiembre, según confirmó su abogada Giulliana Loza. Un día antes, el jueves 20, el fiscal convocó a su esposo, Mark Vito Villanella, para que declare por la presunta adquisición irregular de dos terrenos en Chilca (Cañete).
Según la Fiscalía, la compra habría sido hecha de manera irregular, pues en la zona el metro cuadrado fluctúa entre los 100 y 150 dólares. De acuerdo a esa tasación, los terrenos adquiridos debieron haber costado un millón 720 mil soles, no los 617 mil soles que consignó Vito en los Registros Públicos.
Hasta el momento, Keiko ni su esposo han confirmado si acudirán a la cita con el fiscal Pérez, pues están a la espera de la resolución de la Corte Suprema. De ello depende la suerte del proceso de investigación, pero también el futuro político de la heredera del fujimorismo. Keiko y Villanella reclaman que la Fiscalía de lavado de activos no continúe con esta investigación bajo la ley contra el crimen organizado, que amplía el plazo de las pesquisas hasta por 36 meses.
Otra de las personas que fue citada a declarar es el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, un hombre de confianza de Chávarry, involucrado con la mafia de ‘Los cuellos blancos del puerto’. El magistrado deberá fijar la fecha y la hora de su testimonial dada la prerrogativa que le asiste.
Fiscal fujimorista
Entre tanto, las vinculaciones entre Fuerza Popular y el fiscal Chávarry ya no son un secreto para nadie. El coronel de la policía, Harvey Colchado, aseguró que el fiscal de la Nación es fujimorista, integra la red de corrupción y pone en riesgo las pesquisas de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro.
Con respecto a los vínculos del jefe de la fiscalía con la mafia, dijo: “No es que Chávarry haya estado metido de lleno en la organización criminal, pero sí se prestaba (a las acciones de esa red); es un ‘Cuello Blanco’”.
El jefe policial explicó que esa red era una organización criminal que buscaba copar diferentes niveles del sistema judicial valiéndose de sus “conexiones” con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Esta hipótesis coincide con la planteada por la fiscalía contra el crimen organizado que apunta a que el juez Hinostroza coordinaba con Chávarry y otros dos fiscales supremos de confianza: Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez Villegas.
“Esos tres fiscales funcionan como una unidad; Chávarry los protege porque depende de ellos, debido a que son cinco fiscales supremos titulares, y son ellos quienes, por mayoría, representan un respaldo ante cualquier intento de vacancia. Los tres conforman un triángulo que deja visos de que son una red criminal, no solo aquí, sino también a nivel nacional”, sostuvo.
Colchado expresó además su indignación por la decisión del fiscal de la Nación de reprogramar de manera indefinida los interrogatorios de once legisladores fujimoristas y añadió que lo único que le preocupa es el poder político debido a que podría perjudicar el desarrollo de las investigaciones. La Diviac ha logrado desactivar a 55 organizaciones criminales de alta peligrosidad y 43 bandas delincuenciales desde que comenzó a operar en agosto de 2016.
Ya todo el país sabe que Fuerza Popular y el Apra son los únicos partidos políticos en el Congreso que se oponen a la salida de Chávarry. Y que los fujimoristas cuentan con la mayoría de votos necesaria para evitar la suspensión o remoción del fiscal de la Nación.
La suerte de Keiko Fujimori parece estar ligada a la de Chávarry.
Encuesta
Una reciente encuesta de Datum reveló que solo el 10% de personas le cree a Keiko cuando asegura que nunca se reunió con el juez supremo César Hinostroza. En cambio, el 72% confía más en el colaborador eficaz de la Fiscalía que sostiene lo contrario.
Blindaje
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, cuestionó al Congreso por sus nulas acciones contra Hinostroza y Chávarry. “Llama poderosamente la atención que todos aquellos que son parte de esta organización criminal estén en libertad”, sostuvo.
