El Mudo va a prisión por ser presunto cabecilla de organización criminal

Jueza María Álvarez Camacho dicta prisión preventiva para exalcalde Luis Castañeda Lossio por Caso OAS.

La jueza María Álvarez Camacho, integrante del equipo especial Lava Jato, dispuso este viernes que el exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio afronte las investigaciones por el Caso OAS en la cárcel.

La fiscalía considera al exalcalde de Lima el cabecilla de una presunta red criminal destinada a cometer actos ilícitos para la campaña municipal 2014.

La magistrada ordenó 24 meses de prisión preventiva para el líder de Solidaridad Nacional, quien estará en la cárcel mientras se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.

Según la Fiscalía, OAS habría entregado 480 mil dólares para la campaña de Castañeda; mientras que Odebrecht dio montos de entre 100 mil y 120 mil dólares.

Los presuntos aportes habrían sido proporcionados por las constructoras a cambio de verse beneficiadas durante la gestión municipal.

El pedido de prisión preventiva también incluye a José Luna, exsecretario general de Solidaridad Nacional, y a Giselle Zegarra, exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima.

Álvarez Camacho, durante la lectura de su fallo, consideró que para Castañeda se cumple el requisito de prognosis de pena alta. Sostuvo, además, que se ha probado la existencia de un “esquema” de asociación ilícita con la colocación de personas en puestos importantes en la Municipalidad de Lima.

Sobre el presunto delito de lavado de activos para Luis Castañeda y Luna, la magistrada indicó que existen elementos que corroboran las declaraciones de los colaboradores eficaces, incluyendo el testimonio de Martín Bustamante, ex funcionario de la comuna capitalina y ex hombre de confianza del exalcalde.

Detalló que estos son los traspasos de dinero, la compra de vehículo y los pagos por servicios del líder de Solidaridad Nacional por parte de Telesup.

Álvarez manifestó que no existe peligro de fuga por parte de Castañeda Lossio. Esto debido a que tiene arraigo domiciliario y familiar. Sin embargo, dijo que sí existe peligro de obstrucción a la justicia “claro y notorio” del exalcalde de Lima.

Para argumentar ello, la magistrada tomó, como base, la declaración de un colaborador eficaz, que en términos coloquiales está “unido” a Castañeda. Este colaborador señaló que el líder de Solidaridad Nacional le pidió no delatar a Zegarra ni a Luna Gálvez.

Para Luna Gálvez y Zegarra, la jueza Álvarez dictó comparecencia con restricciones, porque en ninguno de los casos se cumplió el tercer precepto para la prisión preventiva: riesgo de fuga y peligro de obstaculización a la justicia.

La magistrada estableció que Zegarra deberá pagar una caución de S/50 mil, mientras que Luna Gálvez, S/500 mil.

El pasado jueves 30 de diciembre, la fiscal del equipo especial Lava Jato, Milagros Salazar, presentó el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el exalcalde de Lima a partir de un informe de la Contraloría, en el que se indica que durante su segunda gestión (2014-2018), OAS recibió montos por encima de 7,4 millones de soles.

La prisión preventiva, según la fiscal, se sustenta, en que el mencionado no cuenta con arraigo laboral y familiar; asimismo, ha traspasado un 66% de sus acciones a sus hijos y muestra “resistencia para cumplir mandatos de la autoridad”.

Las relaciones entre OAS y Castañeda se iniciaron desde su primera gestión (2007-2010). La fecha clave es el 12 de noviembre del 2009, cuando se firma el contrato de la concesión de Línea Amarilla (obra que alcanzó los 570 millones de dólares). Las investigaciones, a partir de los testimonios de los implicados, señalaron que OAS fue favorecida durante el proceso a cambio de aportes a la campaña electoral del burgomaestre en el 2014.

Además, en el tercer periodo de gobierno municipal de Castañeda, se firmó la adenda N° 2 al Contrato de Contrato de Concesión, en la que se elimina el proyecto Río Verde (de la gestión previa de Susana Villarán), para que con los fondos de esa obra (unos 74 millones de dólares) la empresa OAS construya un by pass en la avenida 28 de Julio en el Centro de Lima.

Asimismo, en este tercer periodo, se suscribió la adenda N°3, la cual tuvo como fin ordenar la ejecución de lo estipulado en la adenda N° 2, siendo el Puente Bella Unión una de las construcciones establecidas. El mismo que a la fecha de la modificación de la adenda ya contaba con código SNIP.

Para el equipo especial del Ministerio Público los delitos que se observan en este caso serían: colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, lavado de activos y  asociación ilícita para delinquir.

La Fiscalía indica que desde el 2011 al 2018 Castañeda lideró una red criminal que utilizaba la Municipalidad de Lima como espacio de coimas y pagos indebidos para aumentar el patrimonio personal de los involucrados.

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