Nuevamente, la Comisión de Constitución del Congreso ha dado un peligroso paso. Encabezada por Martha Moyano de Fuerza Popular, la comisión aprobó por 16 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones un proyecto de reforma constitucional que busca atentar contra el sistema electoral, permitiendo que los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sean sujetos pasibles de denuncias constitucionales.
Esta propuesta responde a una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, que instó al Congreso a aprobar una reforma constitucional que permita someter a estos funcionarios, a discreción del Legislativo, a procesos de antejuicio y juicio político. De ser aprobada en dos legislaturas consecutivas con 87 votos, los titulares del JNE, ONPE y Reniec podrían ser sometidos a procesos de denuncia constitucional en el Congreso y juicio político, lo que podría resultar en su inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 10 años.
La propuesta cobra relevancia en un contexto marcado por las denuncias constitucionales presentadas contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. Además, los titulares de la ONPE y Reniec podrían enfrentar denuncias una vez que finalicen sus mandatos, según lo expresado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La fujimorista Martha Moyano defendió la propuesta argumentando que responde a la exhortación del Tribunal Constitucional y que, según ella, busca garantizar una mayor rendición de cuentas y transparencia en el sistema electoral.
Durante el debate, se discutió sobre la naturaleza de los procedimientos a los que serían sometidos estos funcionarios, con opiniones divergentes sobre si solo deberían ser sometidos al antejuicio o si también deberían enfrentar el juicio político por infracción a la Constitución.
Con la aprobación en la Comisión de Constitución, la reforma ahora pasará al pleno del Congreso, donde deberá ser aprobada en dos legislaturas con un mínimo de 87 votos o ser aprobada por mayoría simple con una posterior ratificación a través de un referéndum.
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