El peruano de a pie, el peruano que vive de la fuerza de sus manos está harto de que el poderoso con plata se levante las riquezas del Perú sin cumplir las leyes y que deje solo migajas. Como está harto, protesta y está protesta ha hecho retroceder, por ejemplo, a los lobos del proyecto Tía María.
De manera curiosa, muy probablemente por las movidas de los poderosos con plata, el Poder Judicial ha sentenciado de manera serial a líderes regionales que pelean a pecho abierto contra los abusos. Son líderes además con evidentes pretensiones políticas en las justas democráticas.
El presidente regional de Puno, Walter Aduviri, ha sido condenado a seis años de prisión porque lo consideran responsable de las protestas (delito de disturbios) del 2011 que exigieron la cancelación de concesiones mineras en Puno. Aimarazo, lo llaman.
Aduviri está en clandestinidad. Aduviri es el peleador contra las mineras y gasíferas y es uno de los que puso contra la pared al gobierno de Vizcarra al evidenciar que Bolivia había logrado que el balón de gas doméstico cueste mucho menos de lo que pagamos en el Perú. Muchos ven en Aduviri un líder regional con proyecciones. Aduviri ha dicho que los poderosos quieren verlo preso.
El gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión por haber por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo en el caso del saneamiento de La Oroya.
Cerrón es el líder del Partido Perú Libre que tiene inscripción y puede lanzar a un candidato presidencial.
Temen que postulen
Al comentar sobre estos casos, el escritor Diego Trelles Paz ha publicado: “La verdad es muy simple: los están persiguiendo y encerrando porque no quieren que postulen a nada en 2020 (aun cuando se pueda postular preso), temen que sigan teniendo un puesto público y el poder para negarse a proyectos extractivos depredadores de empresas mineras que no respetan nada y a las que devuelven una enormidad de dinero de nuestros impuestos”.
Sostuvo que Aduviri es un peligro para ellos porque saben que tiene una gran posibilidad en las elecciones y quieren impedirlo a toda costa. “Es una cobardía institucional que se silencia y se acepta, pese a ser injusta y nociva para la democracia de todos”, sentenció.
Derecha económico y mediática
“¿Cree usted que hay señales de persecución política en los casos de Cerrón y Aduviri?”, le preguntamos al jurista Antonio Castillo y este se explayó:
“Todo parece apuntar en esa dirección. No creo que provenga del Poder Ejecutivo, pero sí de la derecha económica y mediática, que influye y tiene ascendencia sobre muchos magistrados y buscan sacar de carrera a los que ellos consideran ‘peligrosos antisistema’, en momentos que estamos cerca de un eventual proceso de comicios generales”
“Es la primera vez que condenan con carcelería efectiva a un líder regional, en el caso de Anduviri, por haber liderado actos de protesta masiva en contra de un inconstitucional decreto supremo expedido por el segundo gobierno de Alan García, que exceptuaba a una empresa extranjera de hacer actividades dentro de los 50 kilómetros de frontera del territorio nacional. Alimenta esta sospecha la rapidez con que se ha impuesto la sentencia, a los pocos días del caso Cerrón, que proyectaba liderar una confluencia de izquierda al que la derecha veía con preocupación”.
Habría que condenar a todos o absolverlos
El jurista Guillermo Olivera Díaz dijo que, en cada proceso penal, existen infinidad de alternativas para denunciar, acusar, dictar prisión preventiva y con mayor razón para condenar o absolver y que en el caso de Cerrón se originó en un período que no era el suyo, estuvo judicializado y fue el procurador público el que intervino, por lo que de carambola le alcanzaría alguna responsabilidad a este por actos ajenos.
“Estas ventanitas de interpretación aprovechan quienes juzgan y condenan. Igual podrían absolver a Cerrón frente a las mismas circunstancias. Igual sucede con la protesta social que sale a las calles, toma puentes o carreteras donde habría que condenar a todos o absolverlos, o de ser el caso ni siquiera abrirles proceso”.
Recordó que el presidente Martín Vizcarra, cuando fue gobernador de Moquegua, estuvo envuelto en disturbios semejantes a los que han condenado a Aduviri. “Sin embargo, Vizcarra salió indemne, pero no Aduviri. Esta justicia selectiva siempre debe reprobarse. La apelación contra ambas sentencias debe ser contundente y bien fundamentada. En las salas penales superiores que revisen estas condenas, en audiencia pública, es el momento de poner el grito al cielo con argumentos que fluyan de los sendos expedientes reales”, declaró.
Basta de criminalización de la protesta
La lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, escribió hace unos días en Facebook: “La libertad de expresión y el derecho a la protesta son esenciales en democracia. El Estado no va a ‘resolver’ los conflictos socioambientales criminalizando a los líderes y ciudadanos que protestan sino mejorando los mecanismos de diálogo y democratizando la planificación territorial. ¡Basta de criminalización de la protesta!”.
Héctor Béjar resaltó: “Seis años de cárcel para Aduviri. Paro del sur se extiende a Apurímac. Criminalizan la protesta social”.
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