Amnistía Internacional llama al presidente Martín Vizcarra a garantizar el goce pleno del derecho a la vida, a la integridad, a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población en el contexto de las manifestaciones contra el proyecto minero Tía María –concesionado a la empresa Southern Peru Copper Corporation, subsidiaria de la transnacional Grupo México– en la provincia de Islay, región de Arequipa.
Ante el trágico antecedente de siete muertes y cientos de personas heridas durante las protestas contra ese proyecto en 2011 y 2015, el presidente Vizcarra tiene el imperativo de evitar que la historia se repita. Para esto, debe priorizar el diálogo con los manifestantes y anteponer la vida y la integridad física de estas personas al resguardo de intereses o proyectos económicos.
Incluso, si algunas personas actuaran violentamente en ese contexto, eso no anularía el carácter pacífico de las manifestaciones en general, ni el derecho legítimo de las demás personas a protestar pacíficamente.
En este contexto, los estándares internacionales establecen que la fuerza no debería utilizarse sino en casos estrictamente necesarios, de manera proporcional, con un propósito legítimo y someterse a un proceso de rendición de cuentas.
Finalmente, la organización recuerda al presidente Vizcarra que las víctimas de los hechos violentos ocurridos durante las protestas contra el proyecto Tía María en 2011 y 2015, y sus familias, llevan años exigiendo verdad, justicia y reparación.
En este sentido, el Ministerio Público tiene la obligación aún pendiente de investigar de manera pronta, exhaustiva, imparcial e independiente esos hechos, además de llevar ante la justicia a las personas sospechosas de responsabilidad penal por tales actos.
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