Estupor, rabia e impotencia, son algunas de las sensaciones que abatieron a la ciudadanía proba de este país al conocer la noticia de la liberación de Keiko por parte del TC. Y no se trata de simples reacciones antifujimoristas, como lo tildan las huestes de aquella, se trata del natural sentimiento de indignación que experimentan quienes saben y perciben que aquí se ha burlado una vez más al más elemental criterio de justicia.
Si nos atenemos los trascendidos de los fundamentos que propiciaron dicha decisión, resulta que para el TC los numerosos actos de obstrucción a la investigación, como la doble contabilidad partidaria, adulteración de cuentas, falsos cócteles y aportantes, amenaza y manipulación de testigos, uso del poder político para intimidar a los fiscales desde un aparato de organización criminal, entre muchos otros, son simple papel mojado.
Cuatro magistrados con aires de iluminados han traído abajo la esforzada labor de tres instancias del Poder Judicial, que en su momento significó el estudio y minucioso análisis de seis magistrados supremos, tres superiores, un juez penal, un fiscal provincial y uno superior (12 en total), que determinaron la prisión preventiva de Keiko Fujimori, por haberse acreditado fehacientemente los flagrantes actos de obstrucción a la acción de la justicia que ella venía realizando, haciendo gala de su poder partidario, económico y político.
Como no les habría sido fácil rebatir la solidez probatoria de la obstrucción, habrían optado por argumentar la falacia de que ha cesado el peligro de obstrucción al disolverse el Congreso que era el brazo político demoledor de keiko; lo cual, de ser el caso, solo correspondía evaluar al fiscal y el juez de la causa para variar la medida de coerción, si así lo consideraban por conveniente, como nuevos elementos de convicción surgidos en dicha investigación, y a pedido de la defensa.
No solo el Congreso
Sin embargo, es totalmente fuera de lugar decir que el congreso era el único medio y peligro de obstrucción, y que al ser disuelto éste Keiko quedó convertida en inofensivo angelito; cuando el poder obstruccionista, manipulador y destructivo de aquella es mucho más diverso y poderoso. Allí están aún en la cúspide del Ministerio Público los fiscales supremos sindicados como parte de la mafia de los denominados Cuellos Blancos: Pedro Chávarry, Tomás Aladino Gálvez y Rodríguez Monteza, quienes han pedido les traigan en bandeja de plata la cabeza de José Domingo Pérez y Rafael Vela; allí está en la Defensoría del Pueblo quien se ofreció demandar contra la disolución del Congreso para que Keiko recupere el poder mafioso que detentaba. Son solo dos botones de muestra.
La propia Keiko constituye un grave peligro procesal de obstaculización, en sí misma. ¿Acaso no la hemos visto que, en cuanto se ha conocido de la sospechosa y oculta entrega USD 3,650 millones a ella, por parte de Dionisio Romero, ha salido a decir vía twiter que es el dinero entregado a Jaime Yoshiyama, cuando éste había declarado antes que se trataba de un empresario fallecido, evidenciando que se trata de una vulgar coartada para evadir su responsabilidad del dinero entregado por Odebrecht? ¿Y, acaso no ha guardado silencio cuando el fiscal Domingo Pérez ha ido a tomarle su declaración para que explique y detalle de esos millones?
Y no descuidemos que el TC ha dado a conocer de su fallo liberador el mismo día en que se le iba a tomar tal declaración, cuando dijeron que aún no tenían decisión tomada, y que se iba votar a partir del día jueves próximo. ¿Sería que tal apuro buscaba librar también a Keiko de rendir cuentas de esa y las otras entregas considerables? Ya sabemos que a la vez disfrutó de los USD 200 mil del Grupo Gloria, USD 260 mil de la minera Volcán, USD 25 mil de Graña y Montero, USD 200 mil de la multinacional Alicorp, USD 240 mil de Capeco, USD 200 mil de la Confiep y USD 200 mil del empresario Roque Benavides.
Ya en días previos y para viabilizar el nefasto fallo, el TC había dejado de lado la declaración testimonial de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien había manifestado que su tio Jaime Yoshiyama le había dicho que Keiko dispuso que los falsos aportantes del dinero de Odebrecht sean instruidos por el Estudio Jurídico Oré Guardia para mentir en la Fiscalía; y, que ordenó a la bancada de Fuerza Popular en el Congreso aprobar una ley que le permita archivar la investigación en su contra. Es decir, que la obstrucción a la justicia y manipulación del bagaje probatorio no solo habría sido de parte de keiko, sino también de alguien más.
Intención de limpiarla
Y no podemos dejar pasar que la intención original no solo era abrir las puertas de la prisión a Keiko, sino también limpiarla de polvo y paja, ya que la ponencia de Ricardo Blume proyectaba librarla de toda responsabilidad en los delitos de lavado de activos y organización criminal; cuando lo que allí se discutía era solo el tema de la prisión preventiva.
Es decir, que, haciendo malabares de conceptualización constitucional, el TC la iba a declarar inocente de tales cargos cuando esa no es su función ni competencia. Tal abuso de jurisdicción quedó frustrado gracias a la intervención de un sector de magistrados que también votaron en contra de la libertad; pero que, de haber prosperado, hubiese significado el golpe más devastador en la lucha institucional contra ese tipo de delitos.
No solo Keiko, sino todos los personajes políticos y empresariales en deuda con la justicia se iban a acoger de inmediato a los precedentes de ese nefasto fallo e iban a pedir el archivamiento de sus investigaciones o procesos, yéndose a disfrutar al extranjero de los millones sucios o ya lavados, sacándole la lengua al país entero.
Por lo pronto, el TC le ha abierto las puertas de Santa Mónica a Keiko para beneplácito de la mafia que gangrena al Estado y a la sociedad peruana desde hace casi 30 años. El tribunal de la historia y de la calle tienen la palabra.