El planteamiento de reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales, por parte del presidente de la República, es un golpe a la yugular política del fujimorismo y del aprismo que hicieron del Congreso el más oprobioso de la historia, después de aquél de los años 90 que recibía instrucciones en el SIN, como Luz Salgado, y cuyos votos eran dirigido mediante mensajes de beeper por Vladimiro Montesinos.
La convocatoria se caía de madura, tal vez debió hacerlo desde hace un año, pero no es tarde. El país no soportaba un día más a quienes hicieron del primer poder del Estado una madriguera del encubrimiento de “cuellos blancos”, líderes del crimen organizado, ladrones de gasolina, falsificadores de títulos, extorsionadores de sus propios trabajadores, y demás especímenes.
La medida es plenamente constitucional, y tiene su respaldo en el artículo 206 de la Constitución, como ya se hizo también en el año 2000, cuando renunció por fax Alberto Fujimori. Entonces, los voceros mediáticos del fujimorismo sostenían que después del presidente japonés venía el diluvio económico y el retorno recesivo de los 80 de Alan García. Versiones similares oímos en estas horas: el mensaje intimidatorio, y casi coprolálico, es que se ahuyentará las inversiones, vendrá el caos, los antisistemas y el chavismo.
Es la estrategia del miedo, del terrorismo blanco y el chantaje político para aferrarse al poder. Muchos congresistas de Fuerza Popular y los pocos del PAP saben que al concluir su mandato congresal irán inevitablemente presos, por eso gritan, se desgañitan y patalean. Que no nos extrañe que, para evitar la reforma y adelanto de elecciones planteadas, conspiren para la vacancia de Martín Vizcarra. Ya empiezan a dorar la píldora hablando de incapacidad presidencial, ofendiendo la inteligencia y el sentido ético del país, como si el presidente no hubiese dicho “nos vamos todos”, y como si ellos tuviesen la calidad de insignes representantes de la Nación.
Pero la papa caliente no solo está ahora solo en manos del Congreso, ya los escuchamos también decir que no están obligados a aprobar la reforma porque ellos no están sujetos a mandato imperativo; pues bien señores, de acuerdo al artículo 45 de la Carta Magna, el poder del Estado emana del pueblo, y a la ciudadanía le corresponde hacerse respetar. Una reforma de esta dimensión y premura no solo tiene carácter formal, sino, y sobre todo, carácter político, y como tal hay que asumirla activamente, vigilando desde donde estemos, por que se cumpla y demos paso a un nuevo capítulo de la historia del Perú.
