Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en 1967, el editor Juan Mejía Baca denunció públicamente la quema y censura de libros provenientes del extranjero. Recortes periodísticos de la época, recopilados por Mejía en su obra ‘Quema de libros. Perú 67’, señalan al exministro acciopopulista Javier Alva Orlandini de haber firmado una autorización para incinerar libros considerados peligrosos.
Desde 1966, el librero Juan Mejía y sus colegas sufrieron la retención de los libros que compraban a editoriales extranjeras, por parte de la Dirección de Correos, dependencia del Ministerio de Gobierno y Policía, que ahora se llama Ministerio del Interior. Al no tener respuesta, en enero de 1967, Mejía Baca declaró al extinto diario La Prensa que "los libros se retienen de la forma más arbitraria".
Las quejas llegaron a México, donde la editorial Grijalbo le preguntó al Poder Ejecutivo de su país qué sucedía con los libros que exportaban al Perú. El Gobierno mexicano pidió explicaciones a la Dirección de Correos, que, luego, en un documento oficial, le respondió que "los restantes (libros) fueron incinerados de acuerdo con la legislación interior del mencionado país (Perú), por contener literatura comunista".
Enterados de la comunicación, los editores y los libreros inmediatamente condenaron el rebrote inquisitorial del régimen belaundista. Entretanto, Juan Mejía señalaba, con la copia del mencionado oficio, que mientras el "Vaticano ha dado plena libertad al retirar toda prohibición, en el Perú todavía se queman los libros" con "el mayor desprecio cultural de un régimen que creíamos democrático".
A través de un comunicado, la Dirección General de Correos aclaró no haber quemado ningún libro y que, por el contrario, si encontraban material de tinte subversivo, lo devolvían a sus oficinas de origen. Sin embargo, como muestra Mejía en las 255 páginas del libro, ningún librero conocía "un solo caso de editor foráneo que informara haber recibido los libros en reexportación".
Intelectuales como Luis E. Valcárcel, José Miguel Oviedo y Magda Portal desaprobaron la política de censura del gobierno de la lampa y pidieron la derogación de los decretos que censuraban la letra impresa. El mismo pedido lo hicieron la desaparecida Unión Latinoamericana de Escritores y Artistas (ULEA) y las asociaciones de escritores y artistas de Lima y Arequipa.
Andrés Carbone, fundador y entonces director de la Cámara Peruana del Libro del Perú, protestó por su cuenta que su gremio padecía la retención, confiscación e incineración de sus títulos comprados al exterior del Perú. Mientras el decomiso de textos seguía, el editor Francisco Moncloa declaraba que los más perjudicados eran los lectores, entre ellos los universitarios, a quienes les pidió su apoyo para protestar.
El descontento de los libreros y editores estremeció los pasillos estudiantiles. Así, la Universidad Federico Villareal y la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle exigieron el cese inmediato de las disposiciones que atentaban contra los textos. El Consejo Universitario sanmarquino, encabezado por su rector Luis Alberto Sánchez, expresó "su extrañeza por la censura impuesta a los libros, revistas y publicaciones que ingresan al país y su protesta por la destrucción de los mismos".
Entre los libros censurados por su carácter subversivo se encontraba, por ejemplo, "Los diez días que estremecieron al mundo", del periodista John Reed que circulaba con normalidad en los Estados Unidos. Un cable de la agencia France-Presse decía que "los procedimientos de la Santa Inquisición siguen en vigor en el Perú". Para aquietar las aguas, Mejía Baca intentó reunirse, sin ningún resultado, con el presidente Belaúnde.
Como protesta, el 25 de agosto de 1967 Juan Mejía devolvió al Gobierno de Belaúnde las "Palmas Magisteriales" y la "Orden El Sol del Perú", condecoraciones que recibió dos años atrás de manos del mismo gobierno acciopopulista. Según el librero, las distinciones que le dio un supuesto régimen democrático por su labor pública en bien de la cultura ya no eran una honra, sino "más bien una rémora". Muchos periodistas saludaron su decisión.
La devolución de las condecoraciones del librero lambayecano repercutió fuera del Perú. Algunos escritores asistentes del XIII Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana, celebrado en Venezuela, firmaron un comunicado donde rechazaron las prácticas antidemocráticas del gobierno belaundista y pedían castigo para los responsables. Entre los firmantes aparecen Mario Vargas Llosa, Juan Carlos Onetti, José María Castellet, entre otros.
Gabriel García Márquez visitó el Perú en septiembre de 1967 para disertar junto a Vargas Llosa en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde Belaúnde fue profesor. Ahí, consultado por el diario La Prensa sobre lo que ocurría en el país, el escritor colombiano sostuvo que estaba "indignado por la quema de libros y la proscripción de obras que realiza el Gobierno". Añadió que no podía creer "todo lo que le han contado, no lo comprendo a Belaúnde Terry quemando libros".
A pesar de la campaña periodística contra la censura del texto impreso, funcionarios de la Aduana y Correos continuaban con el decomiso de material que, según ellos, era subversivo y también pornográfico. El destape lo hizo la editorial mexicana Siglo XXI, luego de reclamar por unos paquetes que no les habían devuelto. El prestigio del país, al igual que muchos libros, se hacía cenizas gracias a los incendiarios de la cultura.
Semanas después, el diputado Genaro Ledesma presentó un proyecto de ley para prohibir la incineración de libros. La iniciativa, incluso, contó con el respaldo del grupo acciopopulista. El 21 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión para investigar las denuncias hechas por los libreros y los editores. Mientras tanto, Acción Popular solicitaba la anulación de las resoluciones que amparaban la censura de textos.
Las pesquisas arrancaron y en la Aduana Postal los miembros de la Comisión Investigadora incautaron once oficios confidenciales firmados por Javier Alva Orlandini que autorizaban la destrucción de una serie de libros considerados "peligrosos". El exministro Alva negó que algún titular de la cartera de Gobierno haya mandado quemar libros y calificó de "reverenda tontería" las referidas disposiciones.
En su defensa, Alva alegó que como ministro de Gobierno era un simple intermediario entre la Superintendencia de Aduanas y el Servicio Nacional de Inteligencia y que él solo se había limitado a transcribir los oficios donde aparecía su firma. "Fue un error no ponerlos entre comillas", dijo. Desmentido por algunos diputados, luego dijo que solo cumplía con los decretos que se refrendaron en el gobierno de Manuel Prado.
Los decretos que heredó el exministro Alva son las Resoluciones Supremas del 7 y 30 de septiembre de 1960 que fueron aprobadas para impedir la circulación de "envíos que contengan propaganda comunista". La resolución facultaba a la Dirección de Correos a intervenir los libros y enviarlos al Servicio Nacional de Inteligencia, que después determinaba si el escrito era de carácter comunista.
El diputado aprista Fernando León declaró a los medios que funcionarios del Ministerio de Hacienda —hoy cartera de Economía— admitieron que algunos libros se mandaban a la hoguera. Ante esto, el mandatario Belaúnde seguía mudo, aunque un editorial de la revista Oiga indicaba que el líder del partido de la lampa y su primer ministro, Raúl Ferrero, eran partidarios de la derogación de los decretos censores.
El 10 de mayo de 1968 Juan Mejía aseveraba que "para quemar libros solo se necesita que estos existan y que un imbécil les prenda fuego u ordene hacerlo". Ese mismo día el Gobierno derogó el decreto quemalibros. El también editor saludó el dictamen del Gobierno y agradeció la gran campaña periodística emprendida por todos los medios que logró la abolición del decreto pradista. "Es el triunfo de todos", celebró.
Sin embargo, la Resolución Suprema n.º 191-68 dejaba sin efecto los decretos de 1960 y, al mismo tiempo, prohibía el ingreso de publicaciones que atenten "contra la moral, las buenas costumbres o inciten a la subversión". Está última expresión tenía una connotación más amplia que la prohibición de "propaganda comunista". El diputado Javier de Belaunde objetó la resolución que fue una victoria con sabor a derrota.
Después, el premier Raúl Ferrero confirmó, en efecto, que la nueva resolución, firmada por el mismo presidente Belaunde, mantenía ciertas prohibiciones. De vuelta en defensa de la letra impresa, Mejía Baca advirtió: "Estamos preparados para continuar esta pelea por la cultura. El responsable es el jefe de Estado (Belaúnde) quien viola y desconoce los derechos que la Constitución le otorga al ciudadano".
El 21 de mayo la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados presentó su dictamen sobre las denuncias del librero Mejía. El dictamen concluyó que "está probada la censura, mas no la incineración y que esta censura se hizo acorde a las disposiciones legales". El veredicto también expreso que la responsabilidad del hecho era compartida entre los portafolios de Gobierno y de Hacienda.
Segunda vuelta
Años después, en plena campaña electoral de cara a los comicios generales de 1980, Javier Alva reapareció en el programa Pulso, conducido por el periodista Alfonso Tealdo, y llamó embustero y mentiroso a Juan Mejía. Estas declaraciones motivaron al editor "sin ningún afán político" a publicar su título ‘Quema de libros. Perú 67’, dedicado al dirigente Alva, a quien tildó de Felipillo.
Cuando se zanjó el tema con la derogación definitiva de la resolución suprema, Mejía Baca opinó que el arquitecto Belaúnde era "un político honrado y honesto", pero lamentó que esos adjetivos signifiquen una calumnia para el acciopopulista Alva. En 1980, en una entrevista con César Hildebrandt, el expresidente Belaúnde dijo que él nunca tuvo noticias de lo que ocurría y defendió a su amigo Javier Alva Orlandini como un "probado demócrata".
