El anuncio de la semana de Martín Vizcarra de disponer la expropiación de las clínicas privadas, por causa de necesidad pública, en base al artículo 70 de la Constitución Política, ha permitido dos cosas:
- Obligar a aquellas a rebajar sus leoninas pretensiones y ponerse de acuerdo en una tarifa plana de 55 mil soles hasta por 30 días de internamiento por la enfermedad del COVID-19, y;
- Poner en evidencia, aunque sea por unas horas, que el sistema democrático tiene los mecanismos constitucionales para dar ultimátum o poner fin a las prácticas usureras y abusivas de los buitres de la salud que están enriqueciéndose, vilmente, con el dolor y muerte de miles de humildes compatriotas.
Sin embargo, en el primer caso, es necesario mantenerse vigilantes, ya que esa tarifa plana cubriría desde uno hasta 30 días de internamiento, y habiendo visto el espíritu rapaz con que hasta ahora han actuado dichas clínicas, no sería de extrañar que muchos pacientes sean atendidos a la ligera y dados de alta en menos de una semana y aquellas cobren los 55 mil soles pactados con el Estado, con lo cual la tarifa plana se convertiría en gorda rentabilidad para estos voraces empresarios de la salud. Tampoco pensemos que con ese acuerdo están solucionados los problemas de capacidad de los centros asistenciales, ya que a esas clínicas solo serán derivados los pacientes de ESSALUD y del SIS, pero los ciudadanos saben bien que no todos están afiliados a esos seguros del Estado, por lo que lamentablemente, muchos seguirán padeciendo el martirio letal de agravarse en sus casas sin poder acudir a un nosocomio de salud pública por encontrarse éstos ya colapsados.
En el segundo caso, se ha demostrado caramente que el sistema jurídico democrático establece claramente en su cuerpo constitucional, que la propiedad privada se ejerce en armonía con el bien común, y nadie puede hacer uso abusivo de ésta, mucho menos en época de necesidad pública; situación en la cual es posible recurrir a la figura de la expropiación, la cual no tiene nada de estatista, comunista o "chavista". Quienes recurren de manera sistemática y persistente a estos adjetivos expresan solo ignorancia supina o bribonada política que debemos rechazar en todos los idiomas.
Es más, no es solo la Constitución Política la que en su artículo 70 establece esa posibilidad de limitar el ejercicio abusivo de la propiedad privada, para el caso de esta época de pandemia, sino que, también el artículo 82 de la Ley General de Salud, Ley N° 26842, que data del año 1997, establece que "En la lucha contra las pandemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privados existentes…"; por lo que, sin necesidad de ley ni proceso de expropiación (que no debe ser descartado en ningún momento), que es un camino mucho más largo y complejo, ya que requiere de peritajes e interminables discusiones para fijar el justiprecio de la indemnización respectiva, mientras los pacientes mueren por miles como está sucediendo dramáticamente hasta ahora, el Estado puede disponer de las clínicas de inmediato, nombrándoles un administrador y director a la vez, como ha sucedido en Chile recientemente, y así también en Irlanda, EEUU, España y Colombia, y orientar de inmediato los servicios médicos de aquellas con carácter público.
Si bien es cierto ya se ha logrado un acuerdo no muy convincente con las clínicas, el Estado no debe abdicar de sus competencias, ni utilizar la Constitución Política solo por unas horas, porque ello sería una grave renuncia a su soberanía, en éste ni en cualquier otro caso de lucro desmedido y abuso, como también está sucediendo en esa jungla de la fortuna y el dolor en que se han convertido las farmacias y la escasa oferta de oxígeno vital. No dejemos de mencionar tampoco en esta jungla el enriquecimiento de grandes empresas que se viene realizando mediante el programa Reactiva Perú, mediante créditos millonarios a diminutos intereses, mientras las pequeñas empresas no reciben un sol, pese a ser la mayor fuente de empleo.
Es cuestión de entender que estamos en un Estado Social Democrático y de Derecho, y que vivimos en una economía social de mercado y no solo de antropófago mercado, como se nos ha hecho creer por casi 40 años, ya que de no entenderlo nos ponemos al borde de una inminente reacción social, como ha sucedido en EEUU, y aquí la gente ha demostrado, por extrema necesidad y subsistencia, estar dispuesta a desafiar en las calles hasta la muerte y al virus. Es el derecho a la reacción cívica que aflora multitudinariamente en los montos de grave crisis como la que ya vivimos, y la más tormentosa crisis económica que se avecina.
