Representantes y líderes de las comunidades de la Amazonía denunciaron las amenazas, agresiones, los crímenes ambientales que vienen sucediendo desde el año 2013 y el despojo de sus territorios. También, expusieron cuatro casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los que se les vulneraron sus derechos como defensores indígenas.
Las denuncias se presentaron en una audiencia virtual en la que participó la Delegación del Perú y los protectores ambientales de la Amazonía peruana.
En respuesta a lo expuesto por los líderes indígenas, el Estado peruano señaló que está adoptando diferentes medidas para la protección de los pueblos indígenas, y acciones para las garantías de personas defensoras. Asimismo, manifestaron su compromiso en la lucha contra la corrupción, a través del Twitter de la CIDH.
En este encuentro virtual el jefe de la comunidad Unipacuyacu (Huanuco), Jesús Cahuasa, pidió a la audiencia de la CIDH que el Estado peruano atienda el pedido de titulación de su comunidad, que existe desde 1995. Hasta el momento solo se han titulado 1500 hectáreas de la comunidad de Uchunya, pero el territorio ancestral es cerca de 80,000 hectáreas.
El comisionado de la CIDH, Stuardo Ralón, antes de finalizar la audiencia, propuso que se realice una mesa virtual de trabajo donde se analice rigurosamente el papel de las empresas que operan dentro de la Amazonía, para mejorar la situación de las comunidades indígenas.
Esta audiencia fue concedida para escuchar las denuncias e investigar a profundidad los casos donde se han quebrantado los derechos de los defensores ambientales. Se espera una próxima audiencia para escuchar el resultado de las peticiones solicitadas por los líderes.
En los últimos siete años, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), solo en la Amazonía 12 líderes ambientales fueron asesinados. La Defensoría del Pueblo comunicó que cuatro defensores ambientales fueron asesinados en los que va del año 2020 y en plena emergencia sanitaria.
En abril de este año, asesinaron a Arbildo Meléndez Grández, líder indígena de Cacatalbo, en mayo se supo del asesinato de Gonzalo Pío Flores, defensor indígena asháninka, en julio acribillaron a Lorenzo Wampagkit, guardaparque de la reserva comunal de Chayu Nain y a principios del mes de setiembre salió a la luz el asesinato del defensor ambiental Roberto Carlos Pacheco, líder indígena de Madre de Dios.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), tiene documentado que los grupos criminales que acechan las comunidades nativas han matado a 16 indígenas entre el 2013 y el 2020. El eje central de estos casos son el tráfico de terrenos y el tráfico de drogas.
La Defensoría del Pueblo ha solicitado de manera urgente al Estado medidas para proteger a las personas que reciben amenazas de miembros que pertenecen al mundo de la minería informal, el tráfico de tierras y la tala ilegal. Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, señaló que en Perú las personas son asesinadas, amenazadas o discriminadas por defender los derechos de sus comunidades.
En abril del año pasado, el Ministerio de Justicia aprobó el protocolo de Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos, entre ellas a los defensores ambientales. Este instrumento incluye un procedimiento de alerta temprana y la creación del primer registro de denuncias e incidencias sobre ataques y amenazas a defensores de derechos humanos.
Hasta el momento han recibido 15 solicitudes para activar el mecanismo de protección, pero luego de una revisión de los casos, solo aceptaron siete: en cuatro se activó el sistema de alerta temprana y, en los tres restantes, coordinaron medidas urgentes de protección.
Muchas comunidades indígenas se encuentran desprotegidas y han quedado expuestas a posibles atentados de organizaciones criminales. Esto a causa de las actividades extractivas, generando disputas y el narcotráfico ha arremetido para ejercer el control sobre los territorios indígenas.
