El Poder Judicial absolvió a 10 defensores del territorio y derechos humanos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que fueron denunciados por la minera Anabi S.A.C. en el 2011.
Los defensores del medio ambiente fueron acusados de manera injusta y llevaron un procesos de más de nueve años.
Se trata de dirigentes comunales y de organizaciones sociales de base que protestaron de manera pacífica, entre diciembre del 2011 y febrero del 2012, por la grave contaminación ambiental que producía la empresa minera en mención.
A raíz de estas protestas, la minera denunció a los líderes sociales por los presuntos delitos de secuestro, disturbios, daños a la propiedad, entre otros, la cual fue impulsada por la Fiscalía de Chumbivilcas.
Durante este proceso judicial, diferentes organizaciones han acompañado con asesoría legal a los dirigentes, como Derechos Humanos Sin Fronteras, Red Muqui Sur y EarthRights International, los cuales, junto a otros abogados y abogadas independientes, han denunciado una serie de cuestionamientos, entre las que resaltan una inadecuada valoración de las pruebas, una suspensión repetitiva de audiencias, el cambio continuo de magistrados, entre otros hechos que ponen en tela de juicio la autonomía, independencia e imparcialidad de la administración de justicia.
Este largo proceso llegó a su fin el 27 de enero, en el que la colegiatura conformada por los jueces Edson Ormachea Acurio, Gilbert Arias Paullo, Lizbeth Nohemí Yepez Provincia y Valencia Tito Núñez decidió absolver de todos los cargos a los diez ‘defensores de la pachamama’. Así es como se reconocen los defensores del medio ambiente.
Esta sentencia sienta un gran precedente para todos los casos de defensores ambientales que han sido criminalizados en el Perú, y deja claro que el Ministerio Público adelanta investigaciones sin fundamentos.
Como declaró la jueza, la Fiscalía no pudo probar ninguno de los hechos, lo que deja entrever cómo estos procesos son usados para disuadir y reprimir el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos.
"No nos podemos callar ante tanta injusticia, porque la ley es igual para todos," declaró el líder chumbivilcano Luciano Ataucuri Chávez, criminalizado en este proceso, a los exteriores del Poder Judicial de Cusco.
Al comentar este hecho, la lideresa del Movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, sostuvo que "este caso sienta un precedente y siembra una esperanza para los cerca de 700 líderes y lideresas sociales que hoy están siendo perseguidos judicialmente por ejercer su libertad de expresión y defender sus territorios".
"Felicitaciones a todo el equipo que ha logrado esta victoria para los pueblos. Debemos seguir trabajando para defender nuestro derecho a la protesta, a nuestros líderes y lideresas perseguidos y derogar las leyes que criminalizan la protesta", manifestó.
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