El "consenso" y la agenda "propositiva" hacia el futuro a que se refería el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, ha tenido su primera demostración de la sinceridad política que practica esa agrupación, en la moción de interpelación planteada y admitida contra el ministro de Justicia, Vicente Zeballos; responsabilizándolo del Acuerdo de Colaboración Eficaz firmado entre la Procuraduría, el Ministerio Público y Odebrecht.
El pretexto es el ya consabido "perjuicio" al Estado peruano por lo "irrisorio" de la reparación civil, lo cual ya ha sido tantas veces explicado en el sentido de que lo primordial en ese acuerdo es la delación de los exejecutivos de la empresa para saber qué funcionarios o personalidades políticas se beneficiaron con el dinero sucio de la corrupción, y que si bien, por una cuestión técnico procesal, en él solo se comprende a cuatro obras, ello no impide la ampliación o celebración de acuerdos posteriores; asimismo, que la reparación civil ha sido rigurosamente calculada de acuerdo los parámetros de la Ley 30737, aprobada en su momento por los mismos congresistas que hoy interpelan al ministro.
Lo malicioso de la interpelación se aprecia nítidamente en que uno de los cuestionamientos que contiene es la no contratación por parte del gobierno de un abogado para la extradición del prófugo Alejandro Toledo; cuando en realidad ya se ha dispuesto la contratación del Estudio Jurídico Foley Hoag LLP en EEUU.
En favor de la moción, y muy preocupados por los altos intereses del país, votaron los congresistas de FP y el PAP. Muchos de ellos severamente conocidos por haber sido procesados en su momento por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, o peculado; otros por sus recientes viajes al extranjero con dinero de todos los peruanos, fingiendo estar de representación en sus regiones.
Basta mencionar que entre los votantes estuvieron Héctor Becerril y Javier Velásquez Quesquén, involucrados por el fiscal Javier Carrasco en el caso de los denominados "Temerarios del Crimen" de Chiclayo, al estar vinculados a delictuosos actos de concesión de obras.
No se puede dejar de mencionar al aparatoso Mauricio Mulder, que suscribió la moción, y a quien se le ha descubierto la recomendación y patrocinio de personas que ganaron miles de soles de sueldo del Congreso, sin jamás haberse presentado a trabajar.
Otro fue Jorge del Castillo quien muy indignado pedía en el debate la renuncia del ministro, pero que hace unos días pasó por agua tibia el descubrimiento de que su asesor César Sandoval era el informante del que se ufanaba Alan García en el Ministerio Público, y por eso participó en el delincuencial deslacrado de las oficinas de los asesores de Pedro Chávarry para desaparecer las pruebas de la vinculación de éste con FP.
El nombre de los insignes parlamentarios que votaron a favor de la interpelación no es casual. Ellos, así como el estilo atarantador que emplean en sus intervenciones permiten evidenciar que la real motivación de poner contra la pared al ministro Vicente Zeballos, no es otra que traerse abajo el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht, antes de que sea homologado en las próximas semanas por el flamante juez arequipeño Víctor Zúñiga Urday. El mensaje es también a éste último: si al titular del sector Justicia lo bombardeamos políticamente para sacarlo del cargo, no esperes menos de nosotros.
Se ha echado a andar nuevamente la maquinaria de demolición de FP y el PAP, muy desesperada y presurosa, el objetivo trazado constituye una misión imposible de comando político: rescatar de prisión a Alan y a Keiko.
Los abogados sabemos que, en casos tan complejos como estos, el trabajo se prepara con antelación y en la medida que van apareciendo los elementos de convicción, y de éstos, en nuestro concepto, ya hay en cantidad suficiente. Al haber ratificado Américo Spinola lo afirmado en su momento por Marcos Grillo, en el marco del Acuerdo de Colaboración Eficaz, en el sentido de que Alan recibió $100,000 de la Caja 2 de Odebrecht, valiéndose de un contrato ficticio para ocultar el origen sucio del dinero, el fiscal Domingo Pérez debe estar ya redactando el requerimiento de prisión preventiva contra García. Y eso, sin contar con las cuentas de Andorra y sus presuntos testaferros.
Tal vez opte por redondear su trabajo con la declaración de Jorge Barata en abril, pero es cuestión de semanas, y el tiempo pasa rápido. De allí la angustia y desesperación de los comandos por salvar a sus líderes, allá van con el cuchillo entre los dientes. En el caso de Keiko el objetivo es evitar también que Barata siga hablando y desbarate la profana y necrófila tesis de Jaime Yoshiyama de que un empresario muerto es el que le dio el dinero para la campaña electoral.
Por eso es que en su atolondramiento y desesperación los interpelantes no han tenido la paciencia de esperar a que, como parte del nuevo Gabinete, el ministro de Justicia reciba el voto de confianza del Congreso dentro de los próximos 30 días, como manda el artículo 130 de la Constitución Política, para de ese modo recién contar con la investidura que le permita asumir responsabilidad ministerial. Es que, si bien se propusieron una operación tipo comando, en realidad les está saliendo una interpelación al estilo Condorito de Yeni Vilcatoma, aunque más parece de Pepe Cortisona, por la prepotencia del músculo y la debilidad de las razones.
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