Las comunidades originarias de Tintaya Marquiri, Huancané Bajo, Alto Huancané, Alto Huarca, Anta Collana, Cala Cala, Huano Huano, Huarca, Huisa Ccollana, Huisa y Suero y Cama anunciaron en un comunicado su renuncia al Comité de Gestión del Convenio Marco y otros espacios que no los "representan", tras los conflictos por la negación de la empresa minera Antapaccay de entregar un bono de S/ 1.000 a pobladores de Espinar afectados por la pandemia del coronavirus.
"El Convenio Marco nunca fue pensado para promover el desarrollo de la provincia de Espinar, mucho menos de las comunidades originarias, ubicadas en el área de influencia directa de la mina, todo lo contrario, solo ha servido para alimentar los apetitos políticos de unos cuantos y la red de corrupción que se ha generado en torno a ese espacio", expresaron.
Las comunidades originarias aseguraron que las reuniones entre autoridades locales, regionales y del Gobierno Central "han servido para legitimar a una minería y un Estado que en alianza saquean los recursos para alimentar la corrupción Estatal, y hacer más dependientes del extractivismo a la población de Espinar".
"¿Dónde están los millones de soles que supuestamente ha aportado la empresa minera durante años? ¿Cuánto de esos fondos se ha invertido en proyectos productivos o en el desarrollo de las comunidades que se han visto afectadas con el despojo y destrucción de sus tierras? Todo se lo ha llevado la corrupción para obras al servicio de la minería y no para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en los últimos aportes al Convenio Marco de más de 85 millones no se ha previsto ni un solo sol para la seguridad alimentaria de las comunidades", agregaron.
Las comunidades reiteraron que tras su renuncia no volverán a ser "engañados y utilizados" y apuntaron a "diversos sectores" que durante años se han aprovechado de sus reclamos para "beneficiarse" mientras ellos siguen viviendo en situación de pobreza viendo, además, como "se destruye el medio ambiente y como mueren nuestros comuneros".
En el pronunciamiento también defendieron su justo derecho al bono de S/ 1.000 que Antapaccay, la empresa minera de Glencore, se rehúsa a otorgarles y exigieron al Estado cumpla su obligación de garantizar el derecho a la salud y la vida digna.
"Durante estos cuatro meses de aislamiento las comunidades hemos acatado todas las restricciones impuestas en la emergencia sanitaria y la cuarentena. El estado ha destinado el 12% del PBI para afrontar los impactos sociales y económicos. De aquí 30 mil millones ha sido destinado para las empresas; 8.700 millones para la gran empresa, 14.000 millones a las medianas empresas, 6.000 millones a la pequeña empresa y 1,200 millones para la micro empresa. Para las comunidades ni un sol, cero bonos rurales, cero núcleos ejecutores, cero proyectos para afrontar la crisis en los territorios", denunciaron.
"El Estado y los corruptos que solo saben vivir de la minería pueden irse tras la minera; nosotros no tenemos otra opción que resistir y seguir luchando por nuestros derechos", añadieron y señalaron como responsables a "ex autoridades locales, regionales y ex dirigentes que aprovechándose de su cargo se han beneficiado del Convenio Marco, regalías mineras, etc."
Desde mañana, miércoles 15, los espinarenses reanudarán el paro indefinido que suspendieron en 2012 contra la empresa minera Antapaccay del pulpo Glencore. Entre sus reclamos están:
- Cumplimiento inmediato del desembolso del bono económico solidario de 50 millones de soles, aprobado por el Comité de Gestión del Convenio Marco, de la Provincia Espinar-Cusco.02.
- Reformulación de Convenio MARCO entre la Empresa Minera Glencore Antapaccay y la Provincia de Espinar.
- Urgente atención especializada a los afectados y afectadas por metales pesados.
- Por una Justicia Ambiental del corredor minero.
- Restructuración urgente del Poder Judicial y el Ministerio Publico (Fiscalia) de la Provincia de Espinar.
- No a la imposición del Proyecto minero Integración COROHUAYCCO y la desidia de SENACE.
