Un nuevo actor político ha surgido por si la sangría del ambiente político nacional no tuviese suficiente con un Congreso de la República convertido en inacabable trituradora del Poder Ejecutivo y la estabilidad democrática, continuando sus nefastos propósitos golpistas asumidos desde el primer instante en que el fujimorismo, la derecha política y un amplio sector de congresistas desconoció los resultados de la segunda vuelta electoral, en julio del 2021, y plantearon usurpadoramente que, mientras se convoque a “otras elecciones”, el poder quedase en manos del presidente del Congreso.
Este nuevo actor político habla casi el mismo lenguaje violentista y sanguinario de Rafael López Aliaga y Jorge Montoya, solo que en el polo ideológico opuesto y desde el lejano año 2000 en que apareció por primera vez en Locumba. No es descabellado señalar que, si hubiese elecciones presidenciales pronto o, en todo caso, cuando Castillo acabe su mandato, los candidatos presidenciales serían Antauro y López Aliaga.
Antauro Humala Tasso, de 59 años, a quien la población del Sur y Centro del país se adhiere con entusiasmo por sus exaltados planteamientos de “fusilar a los corruptos”, ya está en campaña electoral por si el Congreso vaca a Pedro Castillo y con él se van todos. El arrastre y entusiasmo despertado es tan evidente y notorio que solo basta ver las imágenes de sus multitudinarios mítines realizados recientemente en las ciudades de Andahuaylas, Cusco, Puno y Tacna, entre otras; lo que ha despertado el interés hasta de la prensa internacional donde el recién salido de prisión ya se ha despachado con fuertes declaraciones contra el establishment y la clase política nacional.
Por eso el desprestigiado Congreso de la República viene debatiendo un proyecto de ley orientado a impedir su candidatura, proyecto que tal vez se convierta en un peligroso bumerang político contra los mismos congresistas, como todo lo que ellos aprueban. Por lo pronto, la moderada Susel Paredes advirtió hace unos días que prohibir la postulación de Antauro Humala “va a indignar más a la gente”, y el propio Antauro ha lanzado el desafío de que “habría medio millón de reservistas y los conminaría a derogar la ley inmediatamente”.
Querer sacarlo de competencia, cuando ellos mismos son parte de lo que la población indignada rechaza, posicionando políticamente mejor al exmayor del ejército y rodeándolo de una aureola de persecución; con el agravante de que, al entusiasmo multitudinario del interior del país, le sumarán los miles de reservistas que hace mucho tiempo andan buscando un espacio de acción política y un liderazgo legendario con el cual identificarse.
Es que, lamentablemente para el Perú, la derecha no solo es bruta y achorada, sino, al parecer, también oligofrénica. Sus líderes no tienen la talla intelectual de un José de la Riva Agüero, Víctor Andrés Belaúnde o Raúl Porras Barrenechea, sino de Keiko Fujimori, Rafael López, Patricia Chirinos y otros de fuera y dentro del Congreso, como el virtual alcalde electo de Lima, cuyas deficitarias neuronas tienen un pobre carácter unifuncional, que solo se limitan a hacerlos emitir guturales gritos de vacancia y no les da para pensar en una agenda país y de apremiantes reformas socio económicas, que propicien la confianza de la ciudadanía y del Perú profundo en el sistema democrático y sus instituciones. En otras palabras: que realice la agenda de justicia social pendiente en los doscientos años de vida republicana.
No quieren darse cuenta ni se les ocurre pensar que ellos son los culpables del surgimiento de este y cualquier otro liderazgo popular de corte extremado y violento, porque no dan solución a los problemas de fondo de nuestra vida social. Ahora solo atinan, asustados y prepotentes a la vez, a valerse del abusivo número de sus escaños parlamentarios para impedir la postulación del etnocacerista, violentando la propia Constitución que dicen defender. Ese proyecto de ley antes mencionado es tan inconstitucional como el que plantea modificar el Reglamento del Congreso para bajar los votos de 87 a 78 y poder vacar a Pedro Castillo, porque, en ambos casos, no pueden expedirse leyes especiales en razón de las personas (artículo 103 de la Carta Magna), sino por la naturaleza de las cosas y con carácter general (este principio es el abc de la potestad legislativa).
Mucho menos se puede expedir leyes retroactivas para imponer nueva sanción e inhabilitación a aquél que ya cumplió su condena, por mandato de la citada norma constitucional, salvo cuando es más favorable al reo, y no cuando le es perjudicial, como aquí pretenden realizar.
Por otra parte, debemos manifestar que, en nuestro concepto, esos arrebatos inhabilitadores y de vacancia son tan inconstitucionales, como demagógicas las arengas de Antauro de “fusilar a los corruptos”, no porque no lo merezcan, sino porque ello es impracticable en un país que ya abolió la pena de muerte como el nuestro (desde la Constitución de1979 que dice reivindicar el exmayor del Ejército) y que se encuentra adherido al Pacto de San José de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, si para ello se pretendiera denunciar ese tratado y a la Corte internacional, debemos recordar que esto solo es propio de dictaduras neofascistas y violadoras de los Derechos Humanos, como la de Alberto Fujimori, que en el año 1999 renunció a la competencia contenciosa de la misma buscando impunidad total para sus crímenes.
No está de más recordar también que es la Corte Interamericana la que hizo volver dos veces a prisión al exdictador cuando, en la Navidad del año 2017, lo indultó ilegalmente PPK, y lo liberó después el Tribunal Constitucional presidido por Augusto Ferrero, en marzo de este año; lo cual demuestra la importancia de preservar esos fueros internacionales de justicia.
De manera que tampoco hay que caer en la demagogia incendiaria del etnocacerista, que si bien es cierto, viene logrando inmensa acogida al interior del país, capitalizando hábilmente la indignación y rabia que ha dejado la inacabable corrupción de los últimos 40 años; no debemos olvidar que este surgió a la política en un sospechoso levantamiento militar, como fue el de Locumba, del 29 de octubre del año 2000, el mismo día en que Vladimiro Montesinos fugaba en el velero Karisma; y cuando ya Alberto Fujimori había sido derrotado, gracias a la heroica movilización ciudadana de varios años contra la tercera reelección y la corrupción sistémica que corroía su nefasto régimen, la contundencia de la Marcha de Los 4 Suyos y la revelación del Vladivideo Kouri-Montesinos; y ya para entonces (el 16 de setiembre 2000) se había convocado a elecciones generales.
En nuestra perspectiva, Antauro Humala es una figura propia del oportunismo político que sabe aprovechar los momentos de grave crisis social e institucional, como la de fines del año 2000 y vuelve a aparecer en estos meses, dispuesto a capitalizar la indignación y el dolor ciudadano, ante las centenarias postergaciones que padece la población del Perú marginal. Es entonces hijo de la descomposición social generada por la corrupción fujimorista de esos años y por la derecha golpista, lobista y corrupta de ahora.
Pero el insurrecto de Andahuaylas, con su probado sentido del oportunismo y de audacia política, es también un hombre peligrosamente impulsivo, de pensamiento básico y de costumbres poco éticas y saludables. Recuerden ese arrebato de furia que en una ocasión lo llevó a voltear la mesa en plena sala de audiencia pública, sus grotescas expresiones que suelta en discursos y entrevistas (que por momentos más parecen lenguaje de lumpen y no de quien aspira a convertirse en primer mandatario de la Nación), y su afición a la marihuana que él mismo ha reconocido.
Antauro es lo que va quedando luego de la implacable razia mediática desatada por la derecha en los últimos años contra toda opción de liderazgo democrático del campo popular. Recordemos que en los últimos tiempos tildaban de “comunista” hasta a Yony Lescano, de “cura rojo” a Marco Arana, de “terruca” a Verónica Mendoza, de “chavista” a Gregorio Santos, de “agitador profesional” a Walter Alduviri, y de “terrorista” a Pedro Castillo. Muy bien, ahora tienen al etnocacerista Antauro Humala, quien pretende inscribir hasta dos partidos políticos, y se jacta de haberse levantado en armas contra Alberto Fujimori y Alejandro Toledo; y sin dejar de mencionar su iracunda prédica seductora de acusar por traición a la patria a seis expresidentes (incluyendo a su propio hermano Ollanta) y 1,200 congresistas desde el autogolpe de Fujimori del año 1992, “para dar un escarmiento a la clase política nacional”.
Frente a él, y persiguiendo también la banda presidencial por la vía del golpe de Estado parlamentario, está José Williams, aureolado por el operativo Chavín de Huántar y vinculado a la sanguinaria masacre de Accomarca de 1985, donde fueron ejecutados y volados en pedazos 69 humildes campesinos extrajudicialmente; y que, por si fuera poco, acaba de disponer la contratación como jefe de seguridad del Congreso a su promoción de armas, el ex oficial del ejército Luis grados Bailetti, actualmente acusado ante la Cuarta Sala Penal de Lima a 25 años de cárcel, por la horrenda masacre de Putis, ocurrida también en Ayacucho en 1984, y en la que fueron ejecutadas 123 personas con implacables disparos de metralla, luego de hacerlas cavar su propia fosa común.
Como pueden ver, el Perú ya se encuentra en estado de pronóstico reservado.
