La decisión del presidente Martín Vizcarra de combatir la corrupción hasta las últimas consecuencias lo ha comprometido ante la Historia. En el caso del grotesco “asilo” del prófugo Alan García, “las últimas consecuencias” significan: “Alan García no se escapará; será detenido y enjuiciado”. Sin embargo, hay desánimo entre nosotros. Parece que la Convención de Asilo Diplomático podría acorralar al Gobierno peruano y lo obligaría a conceder el salvoconducto (salida) del fugitivo, y este se reiría otra vez de los peruanos. Sin embargo, hay remedio, y muy legal.
Imaginemos que el gobierno del Uruguay otorgase asilo diplomático al fugitivo. En tal caso, según la Convención, el gobierno peruano estará obligado a otorgar el salvoconducto que permita fugarse del Perú al líder aprista. Sin embargo, la obligación del otorgamiento del salvoconducto puede frustrarse sin violar la Convención de Asilo Diplomático. Para esto, el Gobierno peruano debe romper sus relaciones diplomáticas con el Uruguay apenas sepa que el gobierno de Montevideo concedió asilo a García.
La ruptura de las relaciones diplomáticas deberá ser total, de modo que se cierre la embajada del Perú en el Uruguay y que se exija a Montevideo la clausura de su embajada en Lima. Rotas las relaciones diplomáticas, cesará la extraterritorialidad de la casa del embajador y de la sede de la embajada; en otras palabras, ambos edificios podrán ser allanados por la policía peruana a fin de detener a Alan García, y sin violar el derecho internacional. Dilatar el otorgamiento del salvoconducto se convertiría en un sainete que perjudicaría al Gobierno.
Nuestro Gobierno no tendrá así que dar un “salvoconducto” pedido por un Estado imaginario: el Uruguay. La “obligación” peruana se convertirá en un imposible diplomático y será una clarísima señal de que el Perú no aceptará que se infame la noble tradición del asilo cuando es justo. Que lo sepan los corruptos que pretendan seguir el ejemplo de García: no huirán.
Si el Ministerio Público no tenía previsto pedir la detención inmediata de Alan García, le sobran ya motivos para solicitar su apresamiento apenas la representación diplomática uruguaya desaparezca de Lima. Con su frustrado “asilo”, el expresidente manifestó su descarada intención de substraerse a los tribunales del Perú, así que ya no tiene excusa ni perdón: a la reja. Alan García se ha movido como un tiburón en el agua: debemos quitarle el agua. Los peruanos y nuestro Gobierno seríamos muy tontos si permitiésemos el gran escape de García. ¿Tontos? No; seríamos imbéciles, como suele llamarnos el “doctor” Alan García.
Las relaciones diplomáticas con el Uruguay pueden restablecerse poco después. La opinión pública internacional apoyará al presidente Vizcarra y admirará su firmeza. El pueblo uruguayo también respaldará las decisiones del Perú pues le importa que la corrupción sea castigada en todas partes. El buen nombre del Uruguay no debe cruzarse con el mal camino de nuestra corrupción política.
El proceso reseñado en este artículo es un caso de defensa propia: de una ciudadanía y de un Gobierno decididos a no ser burlados una vez más por seres indignos, que han arrastrado, por las covachas de su corrupción, la confianza que en mala hora les otorgaron electores de ingenuidad casi incurable. El presidente Vizcarra no debe ser cómplice de un crimen llamado “salvoconducto”. A grandes males, grandes remedios. “Hasta las últimas consecuencias” significa que Alan García no escapará jamás a sus justos castigos. Estamos hartos de su impunidad; nos ofende su cinismo. ¡Cumpla, Martín Vizcarra!
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