Al momento de redactar esta columna los peruanos aguardamos con febril esperanza el resultado del repechaje que nos llevaría al Mundial de Qatar 2022, con el inmenso entusiasmo y alegría colectiva que nos depara el popular deporte del fútbol y nuestra querida selección nacional.
Sin embargo, si el entusiasmo es desbordante, y la ilusión reposa imbatible en lo que hagan los once que saldrán a la cancha del estadio Ahmed bin Ali de Al Rayán para enfrentar al equipo de Australia, bajo la dirección del cerebral tigre Ricardo Gareca, no sucede lo mismo con los 130 llamados miembros de la representación nacional del Congreso, cuya asombrosa capacidad de suscitar el rechazo e indignación ciudadana no tiene límites.
Ya hemos oído la vil conspiración urdida desde la presidencia de ese poder del Estado, no solo contra Pedro Castillo, a quien la susodicha presidente María del Carmen Alva se ha referido en irreproducibles términos de los bajos fondos, la corte de los milagros y el lumpen de Mackie Navaja; sino que, en su obsesiva angurria de poder no ha tenido contemplación alguna en maquinar una sangrienta represión contra la misma población, ya que no otra cosa significa eso de que las Fuerzas Armadas “están con nosotros”; es decir, con los vacadores, y, por lo tanto, contra la ciudadanía que salga a protestar ante la eventual vacancia de Pedro Castillo.
Naturalmente que, para deslindar responsabilidades en ese acto de conspiración punible, sancionado por el artículo 349 del Código Penal, el Ministerio de Defensa no dejó pasar la dolosa intención de involucrar a las Fuerzas Armadas y salió a rechazar esa pretensión porque mancilla el honor de la institución y confunde a la población.
Que el numeroso sector de congresistas de Acción Popular (al cual pertenece la presidenta del Congreso), Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, y quienes los apoyan, se dedique desde su instalación, a tratar de vacar al presidente y tomar el poder por asalto, pretendiendo utilizar ilegalmente a las Fuerzas Armadas, significa simplemente que estamos ante una intentona golpista permanente, que afecta el desarrollo del proceso político institucional democrático y el legítimo ejercicio del poder, como lo establece la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
Obviamente que el pretexto ha sido el supuesto “fraude electoral” y luego los enormes desaciertos del presidente, así como el escándalo y graves indicios de corrupción que han rodeado a su entorno directo y al Ministerio de Transportes, de lo cual ya se está encargando la justicia y se espera la mayor rigurosidad en las investigaciones, para que caiga todo el peso de la ley y se ponga tras las rejas a quienes corresponda.
Pero debe quedar muy en claro que no solo estamos ante una intentona permanente de golpe para tomar todo el poder, sino que, desde ya estamos ante una flagrante dictadura parlamentaria. Solo así se explica que hayan encarpetado más de veinte proyectos de ley del Poder Ejecutivo, entre las que se encuentran propuestas relativas al combate contra la corrupción, a la masificación del gas, a la celeridad de las obras públicas, la inmediata devolución del FONAVI, de atención alimentaria a la población en situación de vulnerabilidad, a la regulación de la cuestión de confianza, al fortalecimiento de la gobernabilidad y confianza entre los principales poderes del Estado, entre muchas otras; cuando el propio reglamento del Legislativo y la Constitución dicen que las iniciativas del Ejecutivo se atienden prioritariamente.
Es que el objetivo es maniatar al presidente de la República, hacerlo que gobierne solo con las leyes vigentes, sin cambio alguno, y las que al Congreso le parezca; con lo que, aunado a la inexperiencia de Castillo, lograr reducirlo a la inutilidad para vacarlo pronto. Actúan como si el Congreso tuviese la aceptación ciudadana, cuando ya bordea solo un dígito de aprobación y tiene a más del 80 % del país en contra. Pero la ambición los obnubila. De por medio están los lobbies de la educación superior, el favorecimiento de los monopolios, el apoderamiento del Tribunal Constitucional que ya lograron; ahora van por la Defensoría del Pueblo y el Jurando Nacional de Elecciones. Luego irán por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Con la propuesta de bicameralidad van también por la reelección y más escaños; por el retorno de los Becerril, del Castillo, Luz Salgado y otros zombis políticos del pasado, con eso de poner como requisito para el Senado, el de contar con “experiencia de elección previa” para cargo público. Hacen de todo para quedarse y dar más espacio a los suyos, pero tienen el desparpajo de pedir la vacancia vociferando la ridiculez esa de luchar contra “el chavismo” y “el comunismo” en el poder. Pretexto que cada día se torna más huachafo con la reciente corrida de Castillo a la derecha, en la IX Cumbre de la Américas de Los Ángeles, en la que se ha sumado a los lineamientos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), enarbolando la doctrina de James Monroe (el quinto presidente norteamericano), al culminar su discurso central con la frase de “América para los americanos”, con la cual los Estados Unidos se dieron patente de corso para intervenir en todo América Latina durante más de un siglo. Es obvio que, con esa notoria corrida de sobrevivencia de Castillo, los vacadores han quedado en desconcertado offside, y la izquierda peruana en triste decepción. Ya abundaremos sobre el tema.
Por nuestra parte, y en cuanto al Senado se refiere, creemos que éste es parte del Poder Legislativo de todo sistema democrático; pero no en la forma e intención de beneficio propio con que se está tramando, haciéndolo de manera apresurada, sin contar con amplio debate público para recoger la opinión ciudadana, que ya rechazó esa opción en el referéndum del 2018. Aquí solo se pretende imponer la dictadura del número, sin la legitimidad de ejercicio que da el escuchar a la población.
En ese cuestionable propósito de reestablecer la bicameralidad, vienen modificando más de 50 artículos de los 206 que tiene la Constitución, es decir, el 25 % de la misma, como ya lo han advertido muchos analistas; pero a la ciudadanía le niegan ahora el derecho al referéndum. Es la ley del embudo: lo ancho para ellos y lo angosto para la población.
Es que el sentir y bienestar de la gente les importa un pepino, son ellos, solo ellos y sus lobbys: allí está la avivata inclusión del lomo fino y el faisán en la exoneración del Impuesto General a la Ventas, la eliminación del decreto que evitaba la tercerización laboral, perjudicando a más de 240 mil trabajadores, la censura a la ministra Betssy Chávez por preocuparse de elaborar un código del trabajo, el conflicto de interés entre los proyectos de ley planteados por la misma presidente del Congreso, María del Carmen Alva, y las empresas agroexportadoras de su esposo, Eric Farah Bote; así como la contrarreforma del transporte, sin importarles las víctimas que diariamente mueren en las calles. Es pertinente mencionar que, extrañamente, jamás se preocuparon por fiscalizar al entonces titular de ese Sector, el exministro Juan Silva, hoy prófugo de la justicia, a quien blindaron todo el tiempo con sus diligentes votos; muy al contrario de lo que sucede con los titulares de otras carteras a quienes hacen pasar a diario por las horcas caudinas y el abusivo callejón oscuro de interminables censuras e interpelaciones. Ya se sabrá por qué.
Si a alguien le queda dudas de que estamos ante una abusiva dictadura parlamentaria, solo recuerden la Ley N° 31481 dictada recientemente, a fines de mayo último, para cambiar las reglas del proceso electoral en curso de alcaldes y gobiernos regionales, y que ha merecido el rechazo del JNE, al cual pretenden amedrentar reformando la Constitución para acusar sus integrantes en casos como estos en que se nieguen a aplicar leyes inconstitucionalmente retroactivas. Todo al estilo de la dictadura de los 90. A ver hasta cuándo y hasta dónde se lo permitimos.
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